El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por el Partido Popular en la que se reclama una auditoría completa sobre las adjudicaciones de obra pública que puedan estar vinculadas con el pago de comisiones ilegales durante los años de gestión socialista en el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez. A pesar del rechazo expreso del Grupo Socialista, la propuesta ha sido aprobada por mayoría, abriendo la puerta a una revisión exhaustiva de los contratos públicos adjudicados en ese periodo y señalados en investigaciones judiciales en curso.
La moción, defendida por el parlamentario popular Antonio Saldaña Moreno, tiene como base los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntan a una supuesta trama de corrupción de ámbito estatal articulada relacionada con el Ministerio de Transportes y en la que estarían implicados dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además del exasesor ministerial Koldo García, uno de los nombres clave en la investigación. García, con una relación directa con ambos dirigentes.
Uno de los puntos más destacados en ese documento es que la primera adjudicación pública investigada en esta presunta red de corrupción tuvo lugar precisamente en la provincia de Almería, dentro del marco del proyecto de alta velocidad ferroviaria entre Murcia y Almería. En concreto, el tramo señalado corresponde al paso del AVE por el municipio de Pulpí, donde una empresa habría resultado adjudicataria de un contrato con indicios de amaño, con el objetivo, según los investigadores, de que parte del beneficio fuera desviado en forma de comisiones hacia los implicados en la trama.
Durante su intervención, Saldaña subrayó que esta adjudicación no es un caso aislado, y que el informe de la Guardia Civil incluye referencias a más contratos públicos en otros puntos de Andalucía que podrían haber seguido el mismo patrón: concursos amañados, empresas afines, adjudicaciones dirigidas y pagos encubiertos de mordidas. “Estamos hablando de que hay obras públicas en Andalucía afectadas por mordidas”, explicó, remarcando que la petición del PP no es un juicio sumarísimo, sino una demanda razonable para que “se audite y se vea” qué ha ocurrido con el dinero público.
La defensa de la moción por parte de Saldaña estuvo marcada por un tono firme pero irónico, especialmente cuando se refirió a la actitud del PSOE durante el debate. Según denunció, los socialistas se habían lanzado a una defensa airada “de algo que nadie les había acusado aún”, lo que para el parlamentario popular denota cierta incomodidad. “Ustedes se han defendido de manera feroz”, les reprochó. Para ilustrar la contundencia de la documentación disponible, Saldaña mostró un informe de la UCO con post-it de colores que clasificaban a los implicados, las mordidas y las empresas adjudicatarias. Incluso ofreció ese material a su interlocutor socialista: “Se lo doy y usted va a tener tiempo de estudiárselo entero, enterito, enterito”.
En un giro que buscaba el contraste político, Saldaña quiso recordar también que el propio Rafael Márquez, exalto cargo andaluz, había dejado recientemente su responsabilidad con lo que calificó como una actitud “respetuosa” y con agradecimiento a su labor. “No soy sospechoso de defenderlo, pero fue una despedida a su altura parlamentaria”, afirmó, en un intento de marcar una línea entre conductas honorables y silencios sospechosos.
La réplica vino por parte del parlamentario del PSOE por Almería, Mateo Hernández, que comenzó su intervención proclamando su orgullo de formar parte del Partido Socialista, “con la cabeza alta y mirada al frente, nunca con la cabeza agachada”, y reivindicando la historia del PSOE como un partido limpio, con 146 años de trayectoria, que “ha transformado Andalucía y España”, y que ha estado siempre —según dijo— enfrentado a la derecha y la ultraderecha, representadas en el Parlamento por el Partido Popular y Vox.
Hernández intentó frenar la ofensiva del PP recordando que el Partido Socialista, ante cualquier indicio o sospecha, toma decisiones rápidas, aplica medidas drásticas y da la cara públicamente. Frente a esa actitud, contrapuso la de los populares durante sus propios escándalos de corrupción: “Ustedes se escondían detrás del plasma”, dijo en alusión a la forma en que el expresidente Rajoy evitó responder ante los medios. Recordó que la Audiencia Nacional ha condenado en tres ocasiones al PP por la trama Gürtel, y que la formación fue protagonista de episodios como la Kitchen, la policía patriótica, o la destrucción a martillazos de los ordenadores de Bárcenas. Incluso mencionó la caída del propio Pablo Casado, “echado por la ventana” por denunciar la corrupción dentro del partido.
La respuesta de Saldaña se centró en desmontar esa narrativa, contraponiendo los avances legislativos realizados por los gobiernos del PP para combatir precisamente las prácticas que ahora salpican al PSOE. Recordó que fue el Partido Popular quien aprobó en 2013 la Ley de Transparencia, impulsó la reforma del Código Penal en 2015 para introducir el delito de financiación ilegal de partidos políticos, y promovió modificaciones en la Ley Orgánica del Régimen Electoral para reforzar el control sobre los gastos electorales. A todo ello sumó otra reforma clave: la que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo que partidos políticos y empresas puedan ser juzgados directamente por su implicación en delitos de corrupción.
Para Saldaña, estas medidas no son solo un historial legislativo, sino una muestra de compromiso real con la regeneración democrática. Y, en su opinión, ahora es el momento de aplicarlas para esclarecer qué ocurrió con las adjudicaciones realizadas bajo gobiernos socialistas.
Si bien el foco ha estado en Almería —por haber sido, según la UCO, el punto de partida de la trama con la adjudicación del tramo de Pulpí del AVE—, la moción aprobada no se limita a este caso. De hecho, el propio Saldaña reiteró en varias ocasiones que el informe de la Guardia Civil hace referencia a más obras públicas en el conjunto de Andalucía, bajo sospecha de haber seguido un patrón similar de adjudicación irregular a cambio de comisiones.
La proposición aprobada insta al Gobierno andaluz a poner en marcha auditorías específicas que permitan examinar al detalle las adjudicaciones cuestionadas, con el objetivo de detectar prácticas corruptas, deslindar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control. Para el PP, esta revisión no solo es necesaria por lo que ya se conoce, sino porque podría destaparse un uso sistemático de fondos públicos con fines particulares.
Esta trama de Koldo, Ábalos y Cerdán ha tenido una especial repercusión en la provincia de Almería, tanto por el simbolismo de que allí se originara el supuesto "negocio" como por la trascendencia económica de las obras afectadas. La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Murcia y Almería es una de las grandes promesas de inversión para la provincia, y el hecho de que una parte de esos fondos pudiera haber servido para alimentar comisiones ilegales genera una fuerte indignación en un territorio que lleva años reivindicando más atención por parte del Estado.
La negativa del PSOE a apoyar la moción ha sido interpretada por el PP como un intento de bloquear la transparencia y evitar que se arroje luz sobre una etapa de gestión que, según los populares, está marcada por la opacidad. En cambio, desde las filas socialistas se insiste en que no aceptarán “lecciones de ética” por parte de quienes, a su juicio, han protagonizado los mayores escándalos de corrupción en democracia.
Sea como sea, el Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la revisión. El foco está ahora en los contratos públicos ejecutados bajo gobiernos anteriores, y la lupa se pone sobre las obras que, en lugar de construir futuro, pudieron haber servido para engordar bolsillos.