No es la primera vez que se aborda la preocupante realidad de la violencia sexual en los entornos laborales, un fenómeno que afecta tanto al sector público como al privado y que se ha convertido en un tema recurrente en nuestra actualidad. Esta situación, calificada como “dolorosa”, no solo implica un sufrimiento humano, especialmente para las mujeres, sino también una frustración por los persistentes déficits en las medidas preventivas frente a lo que se considera un riesgo psicofísico laboral. La Ley Orgánica 10/2022, del 6 de septiembre, establece la obligación de evaluar y eliminar este riesgo en todas las organizaciones. Recientemente, dos casos han puesto nuevamente de manifiesto estas deficiencias en el sistema de prevención de riesgos laborales.
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El primer caso involucra a la Universidad Complutense de Madrid, una de las instituciones educativas más importantes del país. Según un informe publicado por El País, la gestión del acoso sexual dentro de esta universidad presenta serias deficiencias en cuanto a transparencia, ya que varios casos habrían sido ocultados. A pesar de que la Unidad de Igualdad elaboró cuatro memorias con 46 denuncias desde 2016, estos datos no están disponibles en su página web ni en el informe sobre acoso elaborado en 2019, basado en una encuesta a 21.500 miembros de la comunidad universitaria.
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Este escándalo ha cobrado mayor relevancia tras las denuncias por abuso sexual contra el profesor Juan Carlos Monedero, quien fue uno de los líderes del partido Podemos. Aunque el caso fue archivado por la Fiscalía, que determinó que su conducta pudo ser “inapropiada” pero no delictiva, resalta la falta de acción efectiva por parte de la universidad para abordar estos problemas.
En otro ámbito relacionado, la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos contra la condena impuesta al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por un “beso no consentido” a la jugadora Jenni Hermoso. La multa impuesta asciende a 10.800 euros y una indemnización adicional de 3.000 euros por daños. Sin embargo, se le exculpa del delito de coacciones. La decisión refleja una actitud “benévola” hacia la violencia sexual en el entorno profesional.
A pesar de que se recuerda que no existe un derecho a besar sin consentimiento, el tribunal considera que el caso no tiene suficiente gravedad para merecer un reproche penal mayor. Esto genera preocupación sobre el mensaje que se envía respecto a la gestión preventiva del riesgo de violencia sexual en los lugares de trabajo.
La percepción general es que existe una sensación de impunidad ante estos delitos, lo cual desincentiva a las víctimas a presentar denuncias. Un ejemplo reciente es el caso denunciado por una exalumna de la Universidad de La Laguna sobre presiones para ocultar inacciones frente a casos similares. El rector defendió su gestión afirmando que no siempre se actúa con diligencia adecuada; sin embargo, esta diligencia debe ser constante y rigurosa.
En conclusión, es evidente que las obligaciones preventivas relacionadas con la violencia sexual en los entornos laborales son frecuentemente ignoradas. A pesar del marco legal existente y su actualización periódica, persiste una inacción alarmante tanto en empresas como instituciones educativas. Es fundamental avanzar más allá de meras reformas legales y exigir garantías efectivas para implementar adecuadamente estas obligaciones preventivas y fomentar un cambio cultural significativo al respecto.