Las Universidades Públicas de Andalucía han expresado su firme oposición a la estrategia actual de privatización y mercantilización del derecho a la educación superior, impulsada por el Gobierno andaluz. Esta situación ha alcanzado un punto crítico con la inminente autorización de hasta 34 nuevos títulos en universidades privadas como Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.
Este panorama no es trivial para el sistema universitario público andaluz, ya que se alimenta negativamente de la creciente presión a la que están sometidas estas instituciones por diversas vías. Los hechos son claros y evidencian una injusticia en el trato que reciben las universidades públicas en comparación con los beneficios otorgados a las universidades privadas por parte de la Consejería.
Un ejemplo significativo se observa en el proceso de elaboración del mapa de titulaciones 2025-2029. En este contexto, se rechazó el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte propuesto por la Universidad de Córdoba, bajo el argumento de “baja empleabilidad específica”. Sin embargo, este mismo grado fue aprobado para su impartición por la Universidad CEU Fernando III.
Recientemente, las universidades de Granada y Jaén experimentaron una verificación desfavorable para el Grado en Ingeniería Biomédica, mientras que este título fue concedido a la Universidad Loyola Andalucía. Resulta irónico que los primeros graduados en esta área, con una alta demanda laboral, provendrán de una universidad privada sin trayectoria significativa en Ciencias de la Salud, mientras que dos instituciones con un historial destacado quedan excluidas.
Asimismo, es notable que se haya desestimado un programa de doctorado en Arquitectura coordinado por la Universidad de Sevilla e involucrando a otras dos universidades públicas. La falta de transparencia también es un tema candente; aunque se han hecho públicos los títulos verificados favorablemente por ACCUA para las universidades públicas y sus tasas de éxito, no existe información similar sobre las universidades privadas. Esta ausencia de datos relevantes resulta injustificable.
En consecuencia, cada paso hacia esta dirección parece acercarnos a un modelo social donde el sistema universitario no garantice igualdad efectiva de oportunidades, sino que contribuya a perpetuar y aumentar las desigualdades sociales existentes.
Por otro lado, el deficiente funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que actualmente carece incluso de dirección, ha derivado en situaciones administrativas insostenibles. La dilación en la evaluación ha permitido que casi 800 estudiantes se preinscriban en el Grado de Ingeniería Biomédica, generando una situación sin precedentes con títulos ofertados que podrían quedar obsoletos durante la primera adjudicación ordinaria.
Ante esta realidad, desde las universidades se insta a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a colaborar estrechamente con estas instituciones para abordar urgentemente los serios problemas operativos relacionados tanto con ACCUA como con el Distrito Único Andaluz. Esta petición ha sido reiterada tanto por las comunidades universitarias como por diversos sectores sociales andaluces.