Felipe Cayuela, exalcalde de Carboneras por el Partido Popular, ha formalizado su solicitud para pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos en el Ayuntamiento.1 Esta decisión se produce después de que Cayuela presentara denuncias ante la justicia por supuestas "graves irregularidades" en la gestión del gobierno local, actualmente liderado por Salvador Hernández de Ciudadanos, quien cuenta con el apoyo de otros cinco concejales del PP.2
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La petición de Cayuela se hará efectiva en el pleno ordinario de finales de julio. No obstante, el concejal aún formará parte de las filas del Partido Popular durante la sesión extraordinaria de este viernes, en la que se prevé someter a votación la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, basándose en una resolución judicial que señala "vicios de nulidad" en la misma.
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A pesar de que el Partido Popular presentó una instancia para la expulsión de Cayuela en octubre del año pasado, esta no se tramitó completamente, lo que mantuvo al exalcalde dentro del grupo municipal del PP. Sin embargo, no se le asignaron competencias en el gobierno local, del que quedó apartado.
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Cayuela ha manifestado que su decisión de abandonar las filas del PP responde a una cuestión de "coherencia y convicción" ante los acontecimientos recientes en el Ayuntamiento.3 Según sus declaraciones, lo que inicialmente fueron "discrepancias políticas o administrativas" han evolucionado a "graves irregularidades" que, afirma, ha tenido la obligación de denunciar.
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En este sentido, el concejal ha detallado la interposición de "numerosos recursos administrativos y contencioso-administrativos" relacionados con la composición del gobierno local. A estas acciones se suma una denuncia presentada ante la Fiscalía, donde considera que existen indicios de delitos como la prevaricación o la malversación de caudales públicos.
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Entre las acusaciones más destacadas por Cayuela se encuentran la utilización de un concejal "tránsfuga" para acceder a la Alcaldía, su posterior nombramiento como concejal delegado con sueldo y dedicación exclusiva, y la emisión de informes jurídicos por parte de un abogado externo. Este último punto es especialmente relevante, según Cayuela, ya que estos informes contaron con el aval de un funcionario que supuestamente carecía de competencia legal para ello e incluso se encontraba jubilado desde hacía meses.
El exalcalde sostiene que estas presuntas irregularidades se han desarrollado en un "clima cada vez más irrespirable", caracterizado por la "opacidad en la gestión", la "aprobación de presupuestos con deficiencias legales" y "contrataciones irregulares". Cayuela considera que sus cinco excompañeros de partido "han aceptado sin reparos estas prácticas", integrándose en un gobierno que, a su juicio, ha "renunciado al respeto por la legalidad".
En consecuencia, Felipe Cayuela ha declarado que se ha visto en la "obligación ética y jurídica" de "denunciar las irregularidades" que observa y de "actuar con responsabilidad, sin dejarse condicionar por lealtades partidistas".5 Ha anunciado que continuará con su labor fiscalizadora como concejal no adscrito, prometiendo mantener la misma "firmeza, independencia y coherencia" que, según él, siempre le han guiado.6
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