Greenpeace ha criticado al Ayuntamiento de Carboneras por la tardanza en el inicio del expediente para revisar la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, un proceso que, según el colectivo ecologista, llega con "siete años de retraso" desde que se dictó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo ordenaba. La organización ha acusado al Consistorio de "dilatar" la ejecución de los fallos judiciales mediante diversas estrategias.
El abogado José Ignacio Domínguez, en declaraciones a Europa Press, explicó que el Ayuntamiento ahora tiene un plazo de seis meses para completar el expediente de revisión. Si no lo logra dentro de este tiempo, el proceso caducará y deberá iniciarse nuevamente. Esta situación genera incertidumbre sobre los próximos pasos a seguir por la administración local presidida por Salvador Hernández (Ciudadanos).
Desde Greenpeace han manifestado su desacuerdo con el método utilizado por el Ayuntamiento para abordar la revisión de la licencia. A pesar de que esta competencia podría haberse gestionado desde la junta de gobierno, se decidió llevarla al Pleno, lo cual consideran innecesario dado que es un paso "de obligado cumplimiento" por mandato judicial.
"Lo de hoy ha sido un esperpento más", afirmó Domínguez, quien subrayó los incumplimientos del Ayuntamiento y expresó su asombro ante el hecho de que una corporación tenga que votar si cumple o no una sentencia en un Estado de Derecho, cuando debería ejecutarse "sin rechistar".
A pesar del retraso acumulado, Greenpeace celebra que finalmente se haya dado un paso hacia la resolución del conflicto jurídico-administrativo relacionado con el hotel. Sin embargo, también han destacado cómo esta "dilación" ha afectado las acciones municipales.
El coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, señaló: "A la ciudadanía le resulta complicado entender que un ayuntamiento no cumpla una sentencia firme del TSJA durante siete años". Además, consideró innecesario celebrar un pleno para una decisión que debería haber tomado directamente el alcalde. No obstante, reconoció que cualquier avance hacia el cierre del hotel ilegal es positivo.
Aún quedan cuestiones importantes por resolver. Una de ellas es la publicación en el boletín oficial del nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) de Carboneras, que debe incluir modificaciones indicando que los terrenos donde se ubica El Algarrobico no son urbanizables.
Greenpeace ha solicitado nuevamente al TSJA que imponga multas administrativas al actual alcalde hasta que estas modificaciones sean publicadas en el Boletín Oficial Provincial (BOP), ya que sin ello "no tendrán efecto".
Dada la experiencia demostrada del Ayuntamiento en demorar soluciones a este problema, Greenpeace también ha instado a la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de expropiación sobre parte de los terrenos donde se encuentra el hotel y que están ubicados dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Este proceso expropiatorio complementaría uno ya iniciado por el Estado y podría acelerar el fin del emblemático hotel, símbolo del impacto negativo del urbanismo depredador en los ecosistemas costeros. Berraquero concluyó afirmando: "Es una oportunidad para que la Junta de Andalucía plasme su compromiso de acabar con el problema de El Algarrobico, con hechos y no sólo con palabras".