El Gobierno ha decidido establecer un límite de 45 años para la desclasificación de documentos considerados de alto secreto. Esta medida se implementará a través de una nueva ley que también contempla la realización de revisiones periódicas sobre los documentos clasificados.
La legislación actual, que regula los secretos oficiales, data de 1968 y corresponde a la época del franquismo. Según las autoridades, esta normativa es considerada una "rémora" en el contexto jurídico español actual.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca modernizar el marco legal relacionado con la información secreta y adaptarlo a las exigencias contemporáneas de transparencia y acceso a la información pública. Se espera que esta ley permita un mayor control sobre los documentos que han permanecido ocultos durante décadas.
La revisión periódica de los archivos clasificados permitirá que, tras el periodo establecido, se evalúe si la información aún requiere ser mantenida en secreto o si puede ser liberada al público.
Esta decisión del Gobierno tiene implicaciones significativas para la memoria histórica del país, ya que muchos documentos relacionados con el franquismo y la transición democrática podrán ser accesibles para investigadores y ciudadanos interesados en conocer más sobre este periodo crucial de la historia española.
A medida que se avance en la implementación de esta ley, se espera que surjan nuevos debates sobre el acceso a información sensible y su relevancia para entender el pasado reciente de España.