Pedro Sánchez ha vuelto a comparecer para hacer balance del curso político. Y como ya es tradición —una tradición muy suya— se ha colgado medallas con tanta alegría que al final uno no sabe si está ante un balance de gobierno o en la gala de los Goya. El presidente ha hablado de muchas cosas, eso sí: economía, empleo, transición ecológica, incluso ha tenido tiempo para presumir de su plan contra la corrupción. Eso sí, lo ha mencionado casi de pasada, como el que mete el ajo en la paella: sin que se note, pero para poder decir que lo ha puesto.
Pero, claro, una cosa es lo que uno dice que ha hecho, y otra lo que ha hecho realmente. Y aquí es donde entra la OCDE, esa organización internacional que Sánchez invocó como si fuera un oráculo de Delfos para avalar su lucha anticorrupción. El problema es que a veces los oráculos hablan… y lo que dicen no siempre encaja con el guion oficial.
Porque resulta que sí, la OCDE ha hablado. Y lo ha hecho con datos. Con rankings. Con informes que no necesitan envoltorios épicos. ¿Y qué dice la OCDE? Pues que España ha registrado el mayor deterioro institucional en materia de corrupción desde 2019. Hemos pasado del puesto 23 al puesto 14 en el índice de corrupción política. Y por si alguien se ha despistado: cuanto más alto es el puesto, más corrupto se es. Vamos, que estamos en el top 15. Y no precisamente por méritos cinematográficos.
¿Y quién ha gobernado entre 2019 y 2025? Efectivamente: Pedro Sánchez. Así que igual eso de presumir del plan contra la corrupción debería ir acompañado de una pizca de humildad… o de memoria. Porque si en lugar de autocomplacencia hubiera algo de autocrítica, quizás podríamos hablar con seriedad de regeneración democrática.
La cosa no acaba ahí. España obtiene una puntuación de 10,3 sobre 100. Sí, lo ha leído bien: 10,3. La OCDE nos coloca en una situación peor que Turquía, México, Hungría y Colombia, ahí es nada. Es decir, que en este particular club del deshonor, España comparte mesa con algunos de los peores alumnos en materia de integridad institucional. Y no lo decimos nosotros, lo dice ese mismo organismo al que Sánchez cita como si le debiera favores.
Pero hay más: el 91% de las empresas españolas considera que la corrupción está muy extendida. La media de la UE está en el 64%. Es decir, aquí las empresas no solo tienen que lidiar con la inflación o la burocracia, sino también con una sensación generalizada de que el sistema está podrido. ¿Y cómo no iban a pensarlo si, además, la deficiencia regulatoria en España es un 33,4% superior a la media europea?
Y ahora viene el giro final de esta tragicomedia institucional. Pedro Sánchez vendió su plan anticorrupción como un gran paso adelante, como un ejemplo de compromiso democrático. Pero, sorpresa: ese plan tenía que haberse aprobado antes de septiembre de 2024. Era un mandato legal. Es decir, no era una iniciativa voluntaria, ni un gesto de altura ética. Era una obligación. Y no se cumplió. Así que lo que ahora nos presentan como hito gubernamental es, en realidad, una tarea pendiente. Un retraso. Una promesa que llega tarde. Otra más.
Con lo cual, el resumen es fácil. Pedro Sánchez presume de un plan que tenía que haber aprobado hace tiempo, se ampara en el aval de una OCDE que lo suspende con un estrépito institucional de 10,3 sobre 100, y en su intervención apenas dedica unos segundos a hablar de corrupción. Será porque sabe que no hay mucho que celebrar.
Por si fuese suficiente, el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) «lamenta la falta de acción decisiva y de resultados tangibles» del Ejecutivo. El informe destaca que, a pesar de algunos avances parciales, España aún tiene deficiencias significativas en áreas cruciales como la transparencia en la financiación de los partidos políticos, la regulación de los lobbys, la integridad de los altos cargos públicos y la protección de los denunciantes de corrupción. El GRECO subraya la importancia de aplicar estas medidas para fortalecer la confianza pública y garantizar la integridad de las instituciones. La falta de cumplimiento total de estas recomendaciones sugiere un riesgo continuo en la lucha contra la corrupción en el país.
En fin. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero con los datos encima de la mesa, no parece que estemos ante un caso de ejemplaridad institucional. Más bien ante otro caso de propaganda en diferido. Porque cuando uno presume de luchar contra la corrupción, pero el mundo te ve como parte del problema, quizás lo primero que deberías hacer no es hablar… sino escuchar.