La Junta de Andalucía, a través de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa), ha llevado a cabo una importante intervención en La Rinconada, Sevilla, donde se han incautado más de 500 kilogramos de productos pesqueros. Esta operación se realizó en colaboración con agentes del Seprona de la Guardia Civil y tuvo lugar el pasado 30 de julio en una pescadería local.
Entre las especies decomisadas se encuentran calamar, langostino, chipirón, jibia, atún y merluza. En total, se contabilizaron 580 kilogramos, que incluyen 38 kg de jibia (Sepiida), 111 kg de merluza (Merluccius merluccius) y 39 kg de chipirón (Loligo vulgaris).
De los productos incautados, 244 kg fueron retirados por la Inspección Pesquera debido a la falta de documentación que garantizara su origen e identificación, lo que infringe la normativa vigente para su comercialización. Por su parte, los restantes 336 kg fueron decomisados por el Seprona debido a las malas condiciones en que se encontraban y porque habían superado su fecha de caducidad. Estas acciones son consideradas infracciones graves que pueden acarrear sanciones significativas según la legislación actual.
A instancias de la veterinaria local, toda la mercancía decomisada fue trasladada para su destrucción por una empresa autorizada, ya que no era apta para el consumo humano.
Según lo estipulado en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), estas intervenciones tienen como objetivo primordial asegurar el cumplimiento de las normativas pesqueras vigentes. En este caso específico, se centra en las prácticas comerciales dentro de La Rinconada.
Esta actuación resalta el compromiso de la Junta de Andalucía por garantizar un sistema efectivo de trazabilidad en los productos pesqueros a lo largo de toda la cadena comercial. Esto es fundamental para asegurar la seguridad alimentaria, proporcionando al consumidor información clara y precisa. Además, subraya la relevancia del control ejercido por la Inspección Pesquera para salvaguardar la salud pública y combatir actividades ilegales que amenazan la biodiversidad marina.