El gas radón, un elemento radiactivo natural que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica como la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, lleva más de un año sin ser controlado en los cuarteles de la Guardia Civil. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, este gas afecta a 710 dependencias en todo el Estado, lo que representa el 34% de las instalaciones del Cuerpo. Entre ellas, se encuentran nueve casas cuartel en la provincia de Almería, además de otras 112 repartidas por toda Andalucía.
La situación resulta especialmente preocupante porque la obligación de realizar mediciones de radón en los centros de trabajo entró en vigor el 22 de junio de 2024, en virtud del Real Decreto 1029/2022. Pese a ello, más de un año después Interior no ha puesto en marcha las actuaciones necesarias para cumplir con lo establecido en la norma.
Ante esta falta de avances, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó en diciembre de 2024 una denuncia ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear, con el objetivo de que se realizaran de inmediato las mediciones y se adoptaran medidas preventivas. Al comprobar que la situación no se resolvía, delegados de la asociación en Córdoba, Murcia y Sevilla registraron nuevas denuncias en los últimos meses, a las que se sumarán otras en breve.
Según los datos recabados por la AUGC, Interior aseguró en septiembre de 2024 haber iniciado un proceso de licitación para contratar una empresa especializada en realizar las mediciones. Sin embargo, a fecha de hoy no consta la existencia de ningún expediente en el portal de contrataciones del Estado. De hecho, distintas comandancias reconocen desconocer en qué punto se encuentra esa supuesta licitación, limitándose a responder que está “pendiente de publicación”.
La asociación denuncia que esta situación coloca a miles de guardias civiles y a sus familias en una situación de desamparo, ya que muchas de las instalaciones afectadas son precisamente casas cuartel, donde residen agentes con sus hijos y parejas.
El radón es un gas radiactivo incoloro e inodoro que se acumula en interiores, sobre todo en sótanos y plantas bajas mal ventiladas, justo el tipo de instalaciones donde se ubican numerosos cuarteles. Su inhalación provoca alteraciones en el tejido pulmonar y, con el tiempo, puede desarrollar cáncer de pulmón. La OMS lo considera un problema de salud pública de primer nivel.
Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear, atribuyó en 2017 más de 1.500 muertes en España a la exposición residencial al radón, reducidas a 838 tras corregir factores como la altura de la vivienda.
La AUGC subraya que el riesgo es especialmente alto para mujeres embarazadas y reclama que, mientras se resuelve la licitación, Interior informe a los agentes y jefes de unidad sobre medidas preventivas básicas como la ventilación diaria de las dependencias.
Según los datos oficiales, Galicia es la comunidad con más cuarteles afectados por radón (196), seguida de Extremadura (162) y Andalucía (112). En la comunidad andaluza destacan especialmente las provincias de Huelva (20 casas cuartel), Granada (18), Jaén (17) y Almería, donde se contabilizan nueve instalaciones contaminadas.
En total, el problema se extiende por casi todo el territorio: Castilla y León suma 73 cuarteles afectados, Aragón 56, Castilla-La Mancha 37, Canarias 36 y Cataluña 14. Incluso la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid aparece en el listado con un edificio afectado.
Para la asociación profesional, la situación supone un incumplimiento reiterado de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Señala que Interior no solo ha dejado de realizar las mediciones a las que obliga la ley, sino que tampoco ha informado a los trabajadores del riesgo al que están expuestos ni ha puesto en marcha protocolos de protección específicos.
En su última comunicación, la AUGC advierte que vigilará de cerca el proceso para evitar que se convoque una licitación “descafeinada” que no garantice la seguridad de los agentes. Mientras tanto, en provincias como Almería, los guardias civiles y sus familias siguen conviviendo a diario con un gas radiactivo invisible que la ciencia identifica como un enemigo mortal.