Andalucía, nuestra tierra, vuelve a ser la excusa. No la protagonista, que sería lo lógico para una comunidad de casi nueve millones de habitantes, sino la coartada perfecta para justificar lo que no se atreven a hacer a cara descubierta. Y el último capítulo de esta serie, que ya cansa, es el de la famosa quita de la deuda autonómica de la que ha vuelto a hablarse esta semana. A poco que uno rasque en la superficie de la noticia, el supuesto maná que nos cae del cielo se desvanece como el salitre en la orilla del mar de El Zapillo.
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La noticia, a primera vista, parece un regalo caído del cielo: si se aprueba la ley que permite la quita de la deuda autonómica, la gran beneficiada sería Andalucía. ¡Qué regocijo para la ministra María Jesús Montero, nuestra paisana! El Partido Socialista podría vender el acuerdo como un triunfo para nuestra Comunidad Autónoma. Pero es que aquí, en Almería, sabemos que los Reyes Magos no pasan en verano.
A cualquiera le podría parecer una buena nueva, pero la cruda realidad, esa que a menudo se esconde bajo capas de titulares bienintencionados, es que esta quita no la ha pedido Andalucía. No la hemos reclamado desde San Telmo, no es un logro del gobierno andaluz. La iniciativa viene de Madrid, y la razón es, una vez más, Cataluña. Los socios de Pedro Sánchez exigen un trato de favor, y para que la cesión no parezca tan descarada, se disfraza de "beneficio general" para todas las comunidades, con Andalucía en cabeza para maquillar la operación.
No es la primera vez que ocurre. Los más veteranos recordarán que esta película ya la hemos visto, en versión original y con subtítulos. Cuando Andalucía, con su gente en la calle, se puso de pie y conquistó su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, los partidos de ámbito estatal reaccionaron generalizando el acceso a la autonomía para el resto de las regiones, sin exigirles el mismo referéndum que a nosotros. Andalucía, la que más trabajó por su autogobierno, se convertía en el espejo para que los demás se miraran sin tener que pasar por el mismo trance.
El segundo acto de esta obra lo vivimos con la reforma del Estatuto catalán. Para justificar su apoyo, el Partido Socialista promovió la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, aunque no nos hiciera ninguna falta. El mensaje era simple: "Si lo hacemos en Andalucía, es que no es tan terrible". Nuestro Estatuto, que ni siquiera se había desarrollado por completo, se convirtió en la coartada para justificar una cesión política en otro territorio.
Y ahora, con la quita de la deuda, el guion se repite. La supuesta buena noticia para Andalucía es, en realidad, el cebo para que traguemos un acuerdo que no nos beneficia directamente, sino que resuelve un problema político en la capital del Estado. Si esta misma propuesta la hubiera hecho un gobierno del Partido Popular en la Junta, la respuesta de Madrid habría sido un rotundo "no".
Lo más sangrante, sin embargo, no es solo la instrumentalización, sino la mentira que subyace al concepto de la quita. La deuda no se esfuma. No es un papel que se quema en la hoguera de San Juan y desaparece. La deuda la pagamos todos los españoles, cada uno de nosotros. Lo que se hace es mutualizarla. La parte que debía la Junta, ahora la asume el Estado. Y el Estado, ¿quién es? Somos nosotros. A través de nuestros impuestos. En vez de deberlo la Junta de Andalucía, lo deberemos todos los ciudadanos de España.
Así que, lejos de ser un regalo, esta quita es una maniobra política que, a la postre, pagaremos con nuestros propios bolsillos. Es un juego de trileros en el que la bolita de la deuda se mueve de sitio, pero nunca desaparece. Y Andalucía, una vez más, es la mano que disimula el truco.