Observo con creciente preocupación cómo la atención de la salud mental —especialmente entre las personas jóvenes— sigue siendo tratada como una cuestión secundaria por parte del Gobierno andaluz del Partido Popular.
Juanma Moreno anunció en febrero de 2023 que todas las provincias andaluzas contarían con unidades de hospitalización de Salud Mental Infanto‑Juvenil y sostuvo que esta decisión se debía al creciente número de adolescentes que las necesitan. Sin embargo, esto no solo no se ha cumplido, sino que esta especialidad sigue a día de hoy colapsada al contar con unas plantillas claramente insuficientes para hacer frente al grave problema al que nos enfrentamos jóvenes y adultos.
Prueba de ello ha sido lo que viene ocurriendo durante todo este mes de agosto en la Bola Azul, donde no se han realizado las sustituciones necesarias para cubrir las bajas de los profesionales de la Unidad de Salud Mental que han cogido sus más que merecidas vacaciones. Entre tanto, la enfermedad mental, como ha ocurrido en otras especialidades, ha seguido su curso sin recibir la atención necesaria, salvo para quienes han podido tirar de tarjeta de crédito en la privada.
La situación, se mire como se mire, es demoledora y nada puede justificar todo lo que está ocurriendo, por mucho que el Partido Popular se empeñe en maquillar la nefasta gestión que está realizando de uno de los principales cimientos del Estado del bienestar.
En Almería, faltan psiquiatras, psicólogos clínicos e instalaciones específicas para tejer una red de apoyo efectiva. También profesionales en el ámbito de la nutrición ante la cada vez más perversa y persistente ‘epidemia’ relacionada con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Es decir, falta mucho de todo.
Moreno Bonilla lleva gobernando en Andalucía casi siete años, un tiempo en lo que todo lo relacionado con la sanidad pública ha ido a peor. El declive es especialmente llamativo en la especialidad de Salud Mental, que acumula casi 1.300 pacientes en lista de espera tan solo en los hospitales de La Inmaculada y Torrecárdenas, según los datos oficiales. Cuando las listas de espera se alargan y la atención se retrasa no es posible hablar de recuperación, sino de la frustración y el sufrimiento que padecen las pacientes y los pacientes y, por extensión, sus familias.
En 2022, se registraron en las urgencias hospitalarias 5.042 intentos de suicidio en Andalucía, de los que 392 fueron llevados a cabo por menores (un 15 % más que en 2021). Estas cifras por sí mismas deberían ser un grito de alarma, pero nadie parece escuchar en el Gobierno de Moreno Bonilla la voz de quienes no pueden esperar más.