El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha mostrado su preocupación ante el documento aprobado el martes por la Mesa del Congreso, que regula la acreditación y sanción de periodistas en la Cámara Baja. Según el CPPA, el texto está “repleto de imprecisiones” y responde a “intereses espurios que nada tienen que ver con la defensa del ejercicio periodístico y el derecho a la información, sino con intereses políticos y de entidades privadas”.
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El Colegio andaluz reconoce la necesidad de establecer normas que faciliten el trabajo, tanto de los responsables de las tareas informativas del Congreso como de los profesionales de los medios. Sin embargo, critica la falta de claridad en conceptos básicos: “No son ‘redactores literarios’ ni ‘representantes de medios’ -como recoge el documento-, son periodistas, trabajadores con formación universitaria, que cumplen una función social esencial para garantizar el derecho a la información”, en declaraciones de la decana andaluza, Lorena Mejías.
Asimismo, rechaza expresiones como la referencia a la actuación de los medios “de buena fe” o bona fide: “La buena fe no se acredita; los medios deben regirse por el interés informativo y la ética deontológica”. También cuestiona la exclusión de televisiones y radios digitales, que sin embargo sí están sometidas a la normativa audiovisual, de la posibilidad de acreditación parlamentaria sin justificación alguna. Además, los criterios planteados en este documento impedirían trabajar a los periodistas autónomos o freelance que no trabajan de forma exclusiva para un medio, ni siquiera formando parte de registros públicos profesionales (como los de los Colegios de Periodistas). Y el Colegio de Periodistas de Andalucía pone de manifiesto que estas normas impedirían la acreditación de una gran mayoría de los medios digitales inscritos en los registros oficiales autonómicos, como el ROMDA (Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía), cuya inclusión implica el desarrollo de un trabajo periodístico, riguroso, responsable y ético. Los medios inscritos en el ROMDA ya han demostrado ser empresas periodísticas, contar con periodistas licenciados o graduados en Periodismo o Comunicación Audiovisual, estar al día en las cuotas a la Seguridad Social y cumplir los códigos deontológicos de la profesión, por citar algunos de los requisitos. Hacer uso de estas herramientas que ya existen resolvería, precisamente, la discrecionalidad en la concesión de acreditaciones que se advierte en el documento.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía presentará propuestas de mejora y reclamará su participación en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, ya sea de forma directa o mediante representación de los colegios de periodistas de España. “La actual composición del Consejo es preocupante y no garantiza la defensa del interés público. Delegar decisiones en los grupos políticos supone politizar el derecho a la información”, advierte.
En cuanto al régimen sancionador, la institución considera que, si un profesional vulnera principios deontológicos en el ejercicio de su labor, deben ser los órganos de autorregulación reconocidos por la Ley —los colegios profesionales— quienes valoren y actúen, y no los grupos parlamentarios. Finalmente, el Colegio ha remitido el documento a su asesoría jurídica para analizar si el procedimiento sancionador pudiera entrar en conflicto con el derecho a la información y, en su caso, estudiar posibles acciones en la vía contencioso-administrativa para defender a los periodistas y medios andaluces que cubren la actividad de la Cámara Baja.