La Fiscalía Antidroga de Almería, junto a las de otras provincias andaluzas, ha elevado un serio aviso a la Fiscalía General del Estado sobre la notable expansión del radio de acción de las narcolanchas, que ya alcanzan el litoral almeriense, en el marco de una alarmante escalada de violencia por parte de las redes del narcotráfico. Estas organizaciones criminales han adoptado una estética paramilitar y emplean armamento de guerra como fusiles Kalashnikov, no solo para proteger sus alijos, sino también para hacer ostentación de su poder en redes sociales y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El informe anual de la Fiscalía General del Estado recoge esta preocupación y describe el fenómeno de las narcolanchas como un "espectáculo lamentable y llamativo" que, por su visibilidad a plena luz del día, constituye "un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada". El documento subraya la "alarma e impotencia" que genera esta situación, y se apoya explícitamente en los informes de los delegados de la Fiscalía Antidroga en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla para constatar que "las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir". Esta expansión geográfica sitúa a la costa almeriense como uno de los nuevos escenarios de operaciones de estas embarcaciones de alta velocidad.
Paralelamente a esta expansión territorial, el Ministerio Público alerta de un peligroso incremento en la violencia empleada. Informes procedentes de la fiscalía de Huelva, extrapolables a la situación general, detallan esta transformación: "Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municiones". Los desembarcos de hachís son ahora asegurados por "individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano", lo que ha generado una gran alarma social a nivel nacional. Se constata que la "violencia extrema" es habitual en los "vuelcos" o robos de droga entre bandas y para castigar las pérdidas de mercancía.
Esta cultura de la violencia se ve amplificada por "una difusión de la ostentación de estas armas en redes sociales, con lo que la inquietud ciudadana es preocupante". La normalización del uso de este armamento ha llegado a tal extremo que se investiga un caso en el que "un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores".
La violencia no es solo interna entre clanes, sino que se dirige cada vez más contra los agentes de la autoridad. La Fiscalía de Jerez ha dejado constancia del aumento de incautaciones de armas automáticas que "anuncian una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Como ejemplo, se cita un incidente en el que se produjo "un disparo realizado este año contra un agente de la Guardia Civil que trataba de impedir una descarga de una embarcación de alta velocidad". Episodios como el tiroteo con armas automáticas entre mafias de la marihuana en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, que culminó meses después con el hallazgo de un fusil de asalto tipo Kalashnikov en un búnker, ilustran la capacidad de fuego de estas redes.
El informe de la Fiscalía General también contextualiza este fenómeno en un escenario donde la presión policial en el Campo de Gibraltar provoca un desplazamiento de las actividades delictivas. Esto ha consolidado a Málaga como la tercera provincia con más procedimientos por tráfico de drogas, solo por detrás de Barcelona y Madrid. Este hecho "refleja la ya conocida y preocupante instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales". Según la Fiscalía, "Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos".
Esta compleja estructura criminal se beneficia, además, de fallos logísticos en puntos clave como el puerto de Málaga, donde se sigue sin un escáner para la inspección de contenedores. La Memoria recuerda que esta carencia se debe a que la empresa privada que lo gestionaba, Adtrans, tenía trabajadores investigados por presuntamente colaborar con las redes en la introducción de droga, una vulnerabilidad que facilita la operativa de las mismas organizaciones que ahora extienden su influencia hacia las costas de Almería.