: “La dejadez institucional la van a pagar los vecinos”
Izquierda Unida en la provincia de Almería ha reclamado este viernes una respuesta urgente y coordinada por parte de las administraciones ante los vertidos de aguas residuales sin depurar que se producen desde hace más de una década en Vélez Rubio. La formación denuncia que esta situación, que afecta al río Vélez y al embalse de Puentes, no puede seguir prolongándose sin consecuencias, y advierte que las sanciones económicas no bastan si no se acompañan de medidas reales para frenar la contaminación y reparar el daño ambiental.
Para Mª Jesús Amate, coordinadora provincial de IU Almería, “hay una cuestión que no se puede obviar: los vecinos de Vélez Rubio llevan más de una década pagando en sus recibos el canon de mejora autonómico, un tributo finalista que se justifica como herramienta para financiar infraestructuras hidráulicas como las depuradoras. Sin embargo, en este municipio no ha habido ni depuración ni mejora. La EDAR está fuera de servicio desde 2012 y la obra comprometida por la Junta sigue sin ejecutarse”.
Amate añade que “esto no es solo una anomalía técnica, es una injusticia política. Se ha cobrado por un servicio que no se presta, y ahora, además, se impone una importante sanción que también recaerá sobre los vecinos. Es urgente que la Junta dé explicaciones y que se habiliten soluciones provisionales mientras se construye la nueva infraestructura”.
El Consejo de Ministros ha impuesto al Ayuntamiento de Vélez Rubio una multa de 500.000,01 euros, además de una indemnización de 341.799,96 euros por los daños causados al dominio público hidráulico. La resolución, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica, se basa en más de veinte actas de inspección y análisis de muestras recogidas entre 2017 y 2024, que confirman que los vertidos se han realizado sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La depuradora municipal quedó fuera de servicio en 2012, tras las riadas de San Wenceslao, y desde entonces los residuos generados por los cerca de 7.000 habitantes del municipio se han vertido directamente a la rambla de Chirivel, que desemboca en el río Vélez y, más adelante, en el pantano de Puentes. Los informes técnicos advierten de un deterioro grave en la calidad del agua, con filtraciones a acuíferos, proliferación de algas y pérdida de oxígeno, lo que afecta tanto al ecosistema como a los usos agrícolas y ganaderos de la zona.
Amate ha sido contundente: “Esta sanción no es solo una cifra elevada. Es la consecuencia directa de trece años de inacción institucional. Cada día sin solución ha supuesto más contaminación en el río, y ahora el coste lo asume la ciudadanía de Vélez Rubio”.
Las estaciones depuradoras proyectadas para Vélez Rubio, Vélez Blanco y María fueron anunciadas por la Junta en 2024, pero no han sido licitadas oficialmente hasta septiembre de 2025. Aunque forman parte de un expediente conjunto, se trata de tres infraestructuras independientes, cada una con su propio presupuesto y plazo de ejecución. En el caso de Vélez Rubio, la obra tiene una duración prevista de 21 meses. Si no hay retrasos en la adjudicación ni en la ejecución, la instalación podría estar operativa a principios de 2028 en el mejor de los escenarios. “Y mientras tanto, los vertidos continuarían” observa Amate.
Izquierda Unida reclama que se habiliten sistemas provisionales de depuración, como balsas de estabilización o módulos móviles, y que se inicie cuanto antes la restauración de la cuenca. “Hay precedentes en otras comunidades donde se han aplicado medidas temporales para reducir el impacto ambiental mientras se construía o reparaba la infraestructura definitiva. Aquí, en cambio, se ha optado por la inacción”, lamenta Amate.
La organización recuerda que esta denuncia no parte de cero. En 2021, el grupo municipal de IU en Lorca llevó el caso a la Fiscalía, alertando del impacto ecológico y sanitario de los vertidos. Poco después, el eurodiputado Manu Pineda trasladó la cuestión al Parlamento Europeo. Y recientemente, IU-Verdes Lorca ha vuelto a registrar iniciativas en las instituciones donde tiene representación para exigir responsabilidades y poner fin a los vertidos.
IU Almería llevará este asunto al Parlamento andaluz y no descarta volver a elevarlo a la Unión Europea. “Contaminar un río no es un hecho aislado. Tiene consecuencias sobre la tierra, el agua y la salud de toda una comarca. Y lo más grave es que llevamos trece años sin respuestas. Eso debe cambiar”, concluye Amate.