Confieso que, con el paso del tiempo y la permanente subasta en la que se ha convertido la política del Estado, tengo la impresión de que a Carles Puigdemont y su partido se les está agotando la imaginación. Como ese niño con una carta interminable a los Reyes Magos, llega un punto en que, tras pedir la bicicleta y la videoconsola, acaba añadiendo a la lista un par de calcetines por puro vicio de seguir pidiendo. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por mantener la mayoría parlamentaria, parece dispuesto a envolver para regalo hasta el último de los caprichos.
La última ocurrencia, que roza lo estrambótico, es un buen ejemplo de esta fatiga inventiva. La exigencia de Junts per Catalunya de obligar por ley a todas las empresas de más de 250 trabajadores en el conjunto de España a disponer de un servicio de atención al cliente en catalán. La propuesta, más allá de su evidente carga simbólica, se desmorona por su propio absurdo al chocar con una de las leyes más viejas y eficaces que existen: la ley del mercado.
Cualquier empresario de nuestra provincia, de Almería, aunque solo tenga tres empleados en su plantilla, si una parte sustancial de su cartera de clientes se encuentra en Cataluña, se buscará la vida para atenderlos en catalán. Es de sentido común. De la misma manera que si sus principales compradores fueran alemanes, chapurrearía el alemán o contrataría a alguien que lo hablara con fluidez. El mercado no entiende de imposiciones ideológicas, sino de balances de cuentas. Si atender en un idioma es rentable, se hace. No hace falta un Boletín Oficial del Estado para recordárselo a quien arriesga su patrimonio cada día.
Dice Gabriel Rufián (ERC) que las empresas no deben preocuparse, que tiene Google Translate... lo que no sabemos es si su comentario va en serio o en broma. Porque esa herramienta también la tiene el usuario, y por tanto no tiene sentido imponerla a la empresa en cuestión. Y también, si va en serio, resulta de que de lo que estamos hablando es de un boot de responda cuando entras en una web... en fin... pedir por pedir.
Pero esta anécdota solo es la punta del iceberg de una larga lista de la compra. Una lista que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece abonar sin mirar los precios. No olvidemos el camino recorrido: primero fueron los indultos. Luego, una ley de amnistía redactada a medida, cuyo encaje judicial para el propio Puigdemont resulta ser un galimatías de consecuencias imprevisibles. Se les ha prometido la gestión de los Cercanías, eso sí, pagadas desde el erario público común, en un ejercicio de "tú invitas, yo gestiono". Se ha puesto sobre la mesa un "cupo catalán" que rompería el principio de solidaridad entre territorios y se la ha envainado también ahí. Y hasta se ha negociado la transferencia de competencias en inmigración, una maniobra que muchos interpretan como un deseo apenas velado de poder deportar inmigrantes y comerle terreno a los ultras de Alianza Catalana.
Ante semejante despliegue de generosidad, la pregunta es obligada: si el PSOE está dispuesto a darlo todo a cambio de siete votos, ¿por qué Junts no pide lo único que, en teoría, daría sentido a su existencia política? ¿Por qué no exige un referéndum de autodeterminación?
La respuesta es tan simple como reveladora: porque saben que lo perderían.
Es mucho más cómodo y políticamente rentable mantener esta tensión perpetua, este goteo incesante de exigencias que alimenta su discurso victimista, que enfrentarse a la cruda realidad de las urnas en una consulta definitiva. Saben que una derrota en un plebiscito sobre la independencia desactivaría su principal motor político durante una generación.
No nos engañemos. En el momento en que sus encuestas internas les susurren una mínima posibilidad de victoria, lo pedirán. Y si para entonces Pedro Sánchez sigue en La Moncloa, no duden que encontrará la fórmula para justificarlo. Probablemente argumentará que se trata de un referéndum "no vinculante", una consulta inofensiva para "conocer la opinión de la ciudadanía".
Pero claro que pasaría. Vaya si pasaría. En el instante en que se celebra una consulta de esa magnitud, aunque su resultado no tenga efectos legales directos, se genera una realidad política imparable. Imaginen un escenario con una participación notable y un sesenta o setenta por ciento de los votos a favor de la independencia. ¿Qué gobierno democrático podría ignorar semejante mandato popular? La legitimidad de las urnas se impondría sobre la legalidad vigente, abriendo una crisis de Estado de dimensiones desconocidas.
Por eso Junts no lo pide. Porque el riesgo es demasiado alto. Es mejor seguir en el bazar, pidiendo cosas cada vez más peregrinas, manteniendo vivo el conflicto y asegurando que la caja registradora del Estado siga pagando cada una de sus facturas. El problema, al final, no es que el PSOE esté dispuesto a darlo todo. El verdadero problema es que a Puigdemont ya casi no se le ocurre qué más pedir. Y mientras, el resto, desde Almería hasta el último rincón de Andalucía y de España, observamos atónitos cómo el futuro de 48 millones de personas pende del ingenio de un hombre para redactar su próxima lista de deseos.