La política, a veces, se asemeja a una de esas partidas de ajedrez jugadas a la velocidad del rayo, donde cada movimiento es analizado con lupa no tanto por su brillantez estratégica, sino por el temblor de la mano que mueve la pieza. Y la mano de la izquierda española, con el PSOE a la cabeza, no es que tiemble, es que sufre un ataque de párkinson colectivo desde que el juez Juan Carlos Peinado decidiera que el futuro procesal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, deba ser dirimido no por un tribunal profesional, sino por un jurado popular.
La reacción ha sido unánime, casi un lamento ensayado: una barbaridad, una muestra más de ese concepto etéreo y conveniente llamado lawfare. Una tormenta de críticas furibundas contra un juez instructor que, a su juicio, se extralimita. Sin embargo, en esta sobreactuación se esconde una paradoja tan grande como el Patio de los Naranjos del Palacio de San Telmo: dan por sentada la condena. Al rechazar con tanto aspaviento la idea de que nueve ciudadanos de a pie juzguen a Gómez, ¿no están admitiendo implícitamente que temen el veredicto del pueblo?
Pensemos por un momento, aquí en Almería, donde el sol suele dar más luz que sombra. El caso de Begoña Gómez ha sido desmenuzado hasta la saciedad en tertulias, periódicos y conversaciones de bar, desde Adra hasta Pulpí. Es ingenuo pensar que los futuros miembros de ese jurado llegarán a la sala con la mente en blanco, como una tabla rasa. Todos, en mayor o menor medida, tienen una opinión preformada, un prejuicio cocinado a fuego lento en el caldo mediático y político que llevamos meses consumiendo.
Y aquí es donde la estrategia socialista se vuelve fascinante. Si de verdad confiaran en la imagen impoluta de Begoña Gómez, en la fortaleza de la marca PSOE y en el liderazgo de Pedro Sánchez, ¿no deberían aplaudir esta decisión? Un jurado popular, en teoría, es el escenario perfecto para que la empatía, la conexión con "la gente", juegue a su favor. Deberían estar convencidos de que un grupo de ciudadanos anónimos vería con claridad la supuesta persecución y la absolvería por aclamación. Pero no. Su reacción es de pánico. Un pánico que sugiere que, quizás, temen que el relato construido desde los despachos de la Moncloa no resista el sentido común de un ciudadano de la calle.
Pero vayamos más allá. El comodín del lawfare se ha convertido en una carta que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Acusan al juez Peinado de persecución judicial con fines políticos. Bien, sigamos el hilo. ¿Qué ocurrirá si, tras el juicio y los correspondientes recursos, Begoña Gómez es declarada culpable? ¿Extenderán la acusación de lawfare a los nueve jurados, a los magistrados de la Audiencia Provincial y a los del Tribunal Supremo? ¿Son todos los jueces del Estado español una suerte de quinta columna derechista que antepone su ideología a la toga? La acusación es tan grave que, de ser cierta, dinamitaría los cimientos de nuestro sistema de derecho.
Y, por el contrario, ¿qué pasará si es declarada inocente? ¿Se convertirá el juez Peinado automáticamente en un prevaricador confirmado, mientras que los jueces y jurados que la absuelvan serán los paladines de la verdadera justicia? La justicia no puede ser un traje a medida, que solo nos parece justa cuando nos da la razón.
Lo más sangrante de este asunto es el agravio comparativo. Cada día, en los juzgados de nuestra provincia, de Andalucía y de todo el Estado, miles de personas son investigadas por jueces instructores, enviadas a juicio y, finalmente, muchas de ellas son declaradas inocentes. A nadie en su sano juicio se le ocurre montar una campaña nacional para acusar a esos jueces instructores de prevaricación. Se asume, con una normalidad democrática que hoy parece en peligro de extinción, que su trabajo es investigar indicios y que el trabajo del tribunal es juzgar los hechos. Un auto de procesamiento no es una condena.
¿Por qué entonces, cuando la investigada es la esposa del presidente del Gobierno, las reglas del juego cambian radicalmente? ¿Por qué un juez que hace su trabajo, el mismo que hacen sus colegas a diario, es sometido a un linchamiento público orquestado desde las más altas esferas del poder? La respuesta es tan obvia como incómoda: porque aquí no se está defendiendo solo una presunción de inocencia, se está defendiendo un blindaje. Un estatus de excepcionalidad que sitúa a la familia del poder por encima del ciudadano común.
Quizás, en el fondo, el verdadero juicio que se está librando no es el de Begoña Gómez, sino el de nuestra propia madurez como democracia. Un juicio donde el banquillo no lo ocupa una persona, sino la salud de nuestras instituciones y la igualdad de todos ante la ley. Y, a la vista de las reacciones, hay serios indicios de que en ese juicio, algunos ya han decidido declararse en rebeldía.