El aroma a precampaña se está volviendo cada vez más denso, y no precisamente por el calendario oficial. Lo que venía siendo un murmullo de pasillos en Madrid ha llegado a resonar en las capitales autonómicas, incluida nuestra Sevilla (que no es Almería, pero nos toca de cerca), donde el cálculo político se mide al milímetro. La posible convocatoria de elecciones anticipadas en varias Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular en 2026, lejos de ser una simple coincidencia, dibuja una estrategia de "jaque al Gobierno" que, de ejecutarse, podría redefinir el mapa de poder.
Aquí, en Almería, donde miramos de reojo a lo que se cuece en San Telmo y, sobre todo, a la estabilidad de nuestros propios intereses, el movimiento no es baladí. El argumento que nos llega habla de inestabilidad presupuestaria e incertidumbre. Pero seamos rigurosos, el trasfondo es puro ajedrez.
Empecemos por el Ebro. En Aragón, la situación del actual presidente, Jorge Azcón, es la que mejor ilustra el problema. Un gobierno que se enfrenta a la incapacidad de sacar adelante sus presupuestos porque su socio prioritario, Vox, le niega el apoyo, es un gobierno con la respiración asistida.
La inestabilidad presupuestaria no es solo un tecnicismo; es el freno de mano puesto a cualquier proyecto a medio o largo plazo. ¿Cómo puede una Comunidad Autónoma planificar inversiones clave, como las que necesitamos desesperadamente en infraestructuras hídricas y ferroviarias, si sus cuentas anuales penden de un hilo? La tentación de Azcón de disolver las Cortes es la de quien busca una mayoría que le evite la dependencia, aunque el riesgo de que el resultado sea aún más fragmentado es real.
En el caso de Extremadura, la táctica es diferente: capitalizar la debilidad del adversario. La presidenta autonómica, María Guardiola, del Partido Popular, tiene el ojo puesto en la crisis que atraviesa el PSOE extremeño, una federación tradicionalmente sólida que vive momentos de turbulencias.
Los recientes episodios de fricción interna en el socialismo, incluso con investigaciones judiciales abiertas que han afectado a altos cargos provinciales, sumado al ambiente de tensión en la dirección federal del partido, brindan a Guardiola lo que en política se llama una "ventana de oportunidad". Adelantar, en este caso, es buscar un voto de castigo al PSOE en su feudo histórico, un golpe de efecto que desequilibraría la balanza a nivel del Estado. Sería, sin duda, un movimiento audaz.
Y llegamos a la que nos toca más de cerca: nuestra Comunidad Autónoma. El argumento de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, valora un "adelanto técnico" para "revalidar su mayoría sin interferencias" es la pieza clave del rumor. Moreno Bonilla disfruta actualmente de una mayoría absoluta histórica, obtenida en junio de 2022, la primera del PP en Andalucía.
La lógica es implacable: en un entorno político nacional cada vez más enrarecido, donde el calendario judicial y la debilidad percibida del Ejecutivo central (liderado por Pedro Sánchez) aceleran las conspiraciones, adelantar el calendario electoral podría ser una forma de blindar su posición. Se trataría de evitar que la vorágine de la política estatal acabe arrastrando a la estabilidad andaluza, asegurando una legislatura completa bajo su control antes de que el ciclo político en el Estado cambie de color o se complique aún más. Es una revalidación preventiva.
Desde nuestra provincia, cualquier movimiento en este tablero autonómico tiene un impacto directo. Necesitamos estabilidad para asegurar proyectos cruciales, desde la finalización del Corredor Mediterráneo hasta la llegada de las inversiones hídricas prometidas.
Estas maniobras, aunque estratégicas para el Partido Popular, demuestran que, más allá de la duración legal de cuatro años, el verdadero motor de las legislaturas se ha convertido en el cálculo electoral y la debilidad del Gobierno. Oficialmente, los líderes insisten en agotar los plazos. Extraoficialmente, se preparan para el gran sprint de 2026. La pelota está en el tejado de los presidentes, pero el coste de esa inestabilidad, la pagaremos entre todos los ciudadanos.
Estaremos atentos. El próximo año no solo nos jugamos los presupuestos; nos jugamos el tiempo de las promesas incumplidas o, por fin, las ejecutadas. Y, como almerienses, sabemos bien que el tiempo es un recurso que ya no nos podemos permitir malgastar.