La entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye productos procedentes del Sáhara Occidental bajo control marroquí, ha encendido todas las alarmas en el campo almeriense. Agricultores, cooperativas y organizaciones agrarias denuncian lo que consideran una maniobra institucional para sortear la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que anuló el anterior tratado por falta de consentimiento del pueblo saharaui.
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Desde Izquierda Unida Almería, la indignación es palpable. Su coordinadora provincial, María Jesús Amate, ha calificado el acuerdo como “una bofetada al trabajo honesto de miles de familias agricultoras y una burla al derecho internacional”. Amate ha lamentado que “la Comisión Europea haya optado por el atajo legal, el silencio diplomático y el desprecio a quienes sostienen con sus manos la soberanía alimentaria de Europa”.
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El nuevo sistema de etiquetado, que permite comercializar productos saharauis como si fueran marroquíes, ha sido especialmente criticado. “Es un engaño a los consumidores y una trampa para los productores. El tomate que llega desde el Sáhara no compite en igualdad de condiciones. No paga aranceles, no respeta los mismos estándares sanitarios, sociales ni laborales, y sin embargo se presenta como si fuera uno más. Eso no es comercio, es deslealtad institucional”, ha afirmado Amate.
La situación, además, tiene un fuerte componente simbólico. El acuerdo entra en vigor justo un año después de la sentencia que reconocía al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. “Es como si se celebrara el aniversario de una sentencia justa con una nueva injusticia. Y es que, cuando las instituciones europeas se pliegan a los intereses de grandes corporaciones importadoras, quienes pierden son siempre los mismos: los pequeños agricultores y los pueblos sin voz”, ha añadido la dirigente.
En Almería, donde el cultivo de frutos y hortalizas es mucho más que una actividad económica, “es identidad, es arraigo, es supervivencia”, el acuerdo ha sido recibido como una traición. “No estamos hablando solo de números o de cuotas de mercado. Estamos hablando de explotaciones que se abandonan, de jóvenes que se marchan, de proyectos familiares que se desmoronan porque alguien en Bruselas ha decidido mirar hacia otro lado”, ha denunciado Amate.
Izquierda Unida Almería exige al Gobierno español que se oponga frontalmente al acuerdo en la próxima reunión del Consejo Europeo. “España no puede ser cómplice de este expolio. Tiene que ser valedora del derecho internacional, como lo fue hace un año cuando celebramos la sentencia del TJUE. No se puede defender la legalidad solo cuando conviene”, ha concluido.