Hoy me toca ponerme un poquito más seria de lo habitual, porque el tema es de esos que te tocan la fibra, sobre todo cuando hablamos de salud, y más aún, de la salud de nuestras madres, tías, y amigas. Me refiero al fallo de información detectado en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía.
Cuando lees que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene que llamar "una a una" a 2.000 mujeres porque sus pruebas eran "dudosas (no concluyentes)" y ha habido un problema de comunicación... se te encoge el alma. Pensar en la angustia, la incertidumbre y el miedo que esa llamada va a provocar en esos 2.000 hogares, en esos 2.000 corazones, es demoledor.
El programa de cribado es una de las grandes conquistas de la sanidad pública. Es la barrera que se levanta a tiempo para proteger a nuestras mujeres. En Almería, como en el resto de Andalucía, sabemos lo importante que es ir a esa cita, el traguito amargo de la mamografía, pero también el alivio que trae un resultado claro.
Mi tía Pepi, la hermana de mi madre, siempre me cuenta que cuando le tocó ir, fue con el corazón en un puño. Ella dice que la sanidad pública es "el tesoro de Andalucía", y que por eso tenemos que cuidarla y, sobre todo, exigir que funcione sin errores.
Que se detecte un fallo en el engranaje, y que afecte a algo tan sensible como el diagnóstico precoz de un cáncer, es una bofetada de realidad que no nos podemos permitir. Es un error que no es solo burocrático, es humano y vital.
La reacción de las asociaciones de afectadas exigiendo depurar responsabilidades es lógica y necesaria. No se trata de buscar cabezas de turco, se trata de entender qué ha fallado para que no vuelva a pasar. Necesitamos saber si ha sido un error informático, un despiste humano, o un problema estructural.
Porque una prueba no concluyente significa que hay que hacer más, que hay que seguir investigando. Dejar a una mujer en ese limbo de información es, sencillamente, imperdonable. La espera ya es dura cuando todo va bien; en el silencio, es un castigo psicológico.
El SAS está obligado, desde ya, a no solo llamar a estas 2.000 mujeres con la máxima diligencia y empatía, sino también a poner todos los medios para que sus pruebas se realicen de inmediato y con la máxima prioridad. Y, por supuesto, a garantizar la transparencia sobre lo ocurrido.
La sanidad es un derecho fundamental, y en Andalucía, que tanto presumimos (con razón) de nuestro sistema público, debemos blindar estos programas esenciales. Que el miedo y la falta de información nunca sean los protagonistas en una lucha que ya es suficientemente difícil.
¡Todo el apoyo y la fuerza del mundo para esas 2.000 valientes! Y para el SAS: menos fallos y más seguridad, por favor.