Hay olores en la política que, por más que pasen los años, no se van. El de la naftalina se ha convertido en el perfume oficial de la presunta corrupción. La diferencia es que antes olía a contabilidad en diferido y ahora huele a sobres repletos de billetes recién salidos de Ferraz.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil nos ha devuelto a los peores tiempos de los "papeles de Bárcenas". Aquel sistema de pagos opacos en el que se mencionaba a "Eme Punto Rajoy" para señalar a un supuesto receptor de dinero de una contabilidad paralela ha mutado. La UCO ha documentado ahora una posible 'caja B' en el PSOE, donde el modus operandi consistía en la entrega de dinero en metálico, en sobres desde la propia sede de Ferraz, al exministro José Luis Ábalos (a quien podemos comenzar a llamar Jota Ele Punto Ábalos) y a su asesor, Koldo García. La nueva jerga es grotesca: los billetes de 500 euros eran "chistorras" y la petición de efectivo, simplemente, "folios". El informe de la Guardia Civil cifra en al menos 95.000 euros de origen desconocido el dinero que Ábalos movió para gastos personales y de su entorno.
Si en aquellos años la opinión pública se indignó con la opacidad, la repetición del patrón ahora, a la luz del nuevo informe de la UCO, evidencia que la historia de la financiación política en el Estado español no solo se repite, sino que lo hace a peor, con una desvergüenza que parece haber normalizado lo intolerable.
Y el hedor no se detiene en las cajas de un partido. En paralelo a las revelaciones de la UCO, la justicia sigue destapando una presunta trama de favores y tráfico de influencias que tiene su epicentro en el Palacio de La Moncloa. Es el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado, al mando del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, no se anda con rodeos: la presunta actividad delictiva de Begoña Gómez solo se entiende por su "vínculo con el presidente". Y no es una apreciación subjetiva, sino la conclusión a la que llega tras analizar la documentación que apunta al uso de una posición de ventaja. Para poder cometer un delito de tráfico de influencias, es indiscutible que hay que poder influir, y solo podría haber influido siendo esposa de quien es. Obvio. La gente se le ponía al teléfono por ser la esposa de, no por ser una persona anónima.
El informe de la Intervención General del Estado (IGAE), solicitado por la Fiscalía Europea, añade una capa de gravedad al señalar las supuestas irregularidades en la contratación pública. La IGAE califica de "injustos, ilegales y arbitrarios" los contratos de Red.es (entidad adscrita al Ministerio que dirige Óscar López Águeda) adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés por un importe total de 10.974.317 euros sin IVA. La IGAE habla de una "adulteración de la valoración técnica" para favorecer a Barrabés frente a otros licitadores.
Pero hay más. Los 121 emails de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, prueban que esta empleada pública gestionó las finanzas de la cátedra de la esposa del presidente en la UCM, negociando desde el canon del 10% para Mindway hasta las aportaciones de empresas. Un ejemplo es la gestión con Google, a la que se solicitó patrocinio justo después de que la esposa del presidente contactara con Miguel Escassi, excolaborador de Nadia Calviño. La petición de 40.000 euros se convirtió finalmente en 110.000 euros.
Esta instrumentalización de los recursos públicos, desde la posición de la asistente de Moncloa hasta la presunta influencia en la adjudicación de Red.es, fue bautizada con precisión por la Audiencia Provincial de Madrid en un auto del pasado junio: se refiere a una "estructura institucionalizada de poder" en Moncloa que habría facilitado todos estos movimientos.
El problema es que la ciudadanía percibe que las altas esferas del Estado están más pendientes de los sobres y las palancas de influencia que de la gestión rigurosa. La sombra de la sospecha es demasiado alargada, y no hace falta más que comparar los patrones del pasado con los del presente para concluir que, en estos asuntos, la involución es la única constante.