La incertidumbre generada por las políticas europeas de reducción del esfuerzo pesquero y la escasez de los cupos asignados marcan la planificación del sector pesquero en la provincia de Almería, obligando a los profesionales de la gamba roja de Garrucha a gestionar con extrema cautela las capturas de una especie cuya regeneración biológica está constatada en el Mediterráneo.
Este escenario fue uno de los argumentos centrales en el debate de una Proposición no de Ley (PNL) sobre la supervivencia del sector pesquero del Mediterráneo celebrada este martes en el Congreso de los Diputados. El debate puso de manifiesto la preocupación generalizada de las comunidades costeras que dependen de esta actividad en el Estado español, incluyendo la provincia almeriense.
La diputada del Partido Popular por Almería, Ana Martínez Labella, defendió una enmienda al texto presentado originalmente, argumentando que la propuesta inicial tenía una “visión parcial, fragmentada” por focalizarse exclusivamente en la flota catalana. La parlamentaria almeriense insistió en que lo que se precisa es “una respuesta para todo el Mediterráneo español” ante una crisis que afecta a todos los caladeros.
La representante almeriense puso el acento en la situación específica de los pescadores de su tierra, que son “conscientes de que la gamba roja se ha recuperado”. Sin embargo, esta constatación de sostenibilidad biológica contrasta con las restricciones impuestas, que están comprometiendo la sostenibilidad socioeconómica del sector.
La diputada trasladó un testimonio directo del sector pesquero de Almería que ilustra la preocupación actual, indicando que los pescadores le comentaban “con pesar, que tenían también agotados prácticamente todos los barcos, tenían agotados los kilos”. Ante la severa limitación de capturas impuesta, la estrategia de los profesionales se centra en conservar las pocas existencias que les quedan de cara al final de año. La representante manifestó que “el que no tenía agotados los kilos se había guardado lo poquito que le quedaba, esperando a la Navidad para ver si con eso podía pues recuperar un poco en las economías de sus pequeñas empresas”. Este hecho resalta la grave afectación económica y la incertidumbre que obliga a los pescadores de Garrucha y otras zonas de Almería a racionar sus existencias, esperando fechas de mayor demanda para paliar las pérdidas.
En su intervención, Martínez Labella fue crítica con la gestión estatal de las negociaciones en la Unión Europea, asegurando que “España está perdiendo la batalla en Bruselas porque no defiende sus caladeros con informe científico sólido y, por supuesto, con una estrategia nacional seria”.
La diputada cuestionó la efectividad de centrar los esfuerzos únicamente en compensaciones o financiación de nuevas herramientas, al preguntar retóricamente: “¿De qué sirve reclamar más compensaciones si no combatimos el origen de los recortes?”. En su opinión, el enfoque debe ser una “defensa de Estado” que se haga “desde la unidad con la ciencia como base y la firmeza en Bruselas”. Subrayó que “no se puede permitir que nuestro gobierno, que nuestro ministro, vaya derrotado a las negociaciones, incluso antes de empezar las mismas”.
Martínez Labella fue contundente al exigir que las decisiones de la Comisión Europea se sustenten en “datos reales sobre la biomasa y la regeneración de especies como la gamba roja”, un argumento clave para la provincia de Almería. La parlamentaria instó a no “asumir pasivamente lo que se dicta en Bruselas” y a defender al sector “con informes, con argumentos y con una voz unánime”. El Partido Popular reclama, por tanto, “algo más ambicioso, una política pesquera con visión de futuro que combine sostenibilidad biológica con sostenibilidad social y económica”.
El sector pesquero del Mediterráneo español vive una situación de crisis importante, marcada por una reducción acumulada del 40% de la capacidad pesquera, medida en días de pesca, entre 2020 y 2024. Este proceso se deriva de las políticas de la Comisión Europea para alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).
Aunque las negociaciones han permitido mantener el cómputo de 130 días de pesca para 2025, el texto de la PNL evidenciaba que muchas embarcaciones “no han podido disfrutar realmente de estos días” debido a condiciones técnicas, procedimientos administrativos o exigencias sobrevenidas. Además, la posibilidad de mantener estos días está condicionada a la aplicación de diversas medidas técnicas de sostenibilidad, como el cambio obligatorio de redes, la introducción de vedas temporales o la incorporación de tecnologías como las “puertas voladoras”. En este sentido, la PNL insta al Gobierno español a “garantizar la plena cobertura financiera de las medidas técnicas impuestas a la flota de arrastre del Mediterráneo”, asegurando que los costes de esta transición no recaigan sobre las cofradías y los pescadores.
El texto también advertía sobre la “falta de seguridad jurídica” y una gestión administrativa que el sector considera deficiente en los últimos años, lo que “dificulta la planificación de la actividad y compromete su sostenibilidad a medio plazo”. Se hace, además, un llamamiento a “garantizar la máxima transparencia y claridad en la gestión y comunicación de los días disponibles para la pesca”.
El sector pesquero del Mediterráneo español sigue de cerca las implicaciones de estas medidas, reclamando un mejor equilibrio entre la sostenibilidad biológica de los recursos y la sostenibilidad socioeconómica de las comunidades costeras que dependen de esta actividad, fundamental para el tejido económico y social de la provincia de Almería.