Cuando la salud de las personas se pone en la balanza política, el peso siempre cae del lado de la responsabilidad... o de la necesidad de encontrar un chivo expiatorio. El reciente cese—disfrazado de dimisión—de Rocío Hernández, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, por la crisis en la información de los cribados de cáncer de mama, es un ejemplo de manual del "cortafuegos" político.
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha forzado la salida de su consejera... no había otra opción. Es el precio del sueldo. La causa es un fallo grave: el retraso en la comunicación a miles de mujeres con resultados dudosos en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Se estima que más de 2.000 mujeres se vieron afectadas al no ser informadas a tiempo de que las lesiones detectadas eran, probablemente, benignas, quedándose en un limbo de incertidumbre. La presión social y la movilización de las afectadas no dejaban otra salida a la Junta.
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Pero si rascamos un poco, la capa de pintura de esta destitución se cae. Es incuestionable que la consejera Rocío Hernández llevaba relativamente poco tiempo en el cargo y que el meollo del problema reside en un protocolo de actuación que viene de lejos. Un protocolo que, según el argumento esgrimido en su día por la Consejería, buscaba evitar la angustia innecesaria a las mujeres al posponer la información hasta la conclusión definitiva de las pruebas.
El dato clave, el que desmonta la supuesta justicia de esta dimisión, es la fecha de origen de ese protocolo: 2011. ¿Quién era la máxima responsable de la sanidad andaluza entonces? Ni más ni menos que María Jesús Montero. Sí, la misma persona que hoy es vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda. Montero, en su etapa como consejera socialista de Salud en la Comunidad Autónoma, adoptó el protocolo que eliminó el plazo fijado para informar de resultados no concluyentes, y lo hizo precisamente argumentando que no era oportuno introducir ansiedad en las mujeres mientras se confirmaba el diagnóstico. Esos cambios vienen de 2015, con el PSOE, pero es el PSOE quien alteradísimo arremete contra la falta de plazo y el uso de la "ansiedad" como argumento.
Paradójicamente, la guillotina cae ahora sobre una consejera que apenas podía conocer los entresijos de un documento con casi quince años de historia, que, por cierto, también estuvo vigente bajo el mandato de su predecesora, Catalina García Carrasco (hoy consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente), y durante la etapa en la que fue consejero quien hoy es presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.
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¿Es justo, entonces, que la cabeza de Rocío Hernández ruede? No. Pero la lógica de la responsabilidad política no siempre atiende a la justicia. El presidente Moreno Bonilla ha hecho lo que se conoce como un "sacrificio necesario"; ha ofrecido a la opinión pública una venganza simbólica para detener la hemorragia de la crítica. Era el cortafuegos para proteger a todo el Gobierno de la Junta y, en última instancia, al propio presidente.
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A pesar de ello, el chorreo le cayó igual en la sesión de control de este jueves. Daba igual para la oposición.
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El contraste con otra polémica reciente en el ámbito estatal es tan crudo como revelador. Nos referimos a la crisis de las pulseras telemáticas antimaltrato. Se detectaron fallos críticos en el sistema que, en teoría, debían proteger a mujeres víctimas de violencia, dejando a muchas sin la protección efectiva de que su agresor fuera geolocalizado con el dispositivo.
Aquí no hablamos de un protocolo de comunicación deficiente, sino de un cambio de sistema y de empresa de vigilancia iniciado directamente desde el poder político. La exministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero (de Podemos), fue quien impulsó la licitación de urgencia para el cambio de modelo y de empresa. A raíz de este cambio, la ministra actual, Ana Redondo, se encontró con el problema, que incluso se ha relacionado con sobreseimientos judiciales o fallos absolutorios al dejar a las mujeres en desprotección.
En este caso, la responsabilidad política es mucho más directa y contemporánea al fallo. Sin embargo, ¿ha dimitido alguien? ¿Se ha ejecutado un cortafuegos similar al andaluz? No.
La diferencia es abismal. En Andalucía, se destituye a la consejera por un protocolo heredado y con solera, que ella apenas tuvo tiempo de revisar a fondo. En el Estado, la responsable directa de impulsar el cambio de un sistema de protección vital mantiene su cargo o, en este caso (el de Irene Montero), su ascendente político.
Si la responsabilidad política es la capacidad de asumir las consecuencias de las propias decisiones, ¿por qué la vara de medir es tan distinta entre una Comunidad Autónoma y el Gobierno del Estado?
Al final, la "dimisión" de Rocío Hernández es el triste epílogo de una película ya vista: el cargo más visible paga por un error estructural. Es la tragedia de la silla eléctrica de la política, donde el que se sienta es a menudo un fusible, mientras los verdaderos arquitectos del problema miran el espectáculo desde la barrera, a salvo de la descarga.