La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Maribel Sánchez Torregrosa, ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar la proposición de ley de su formación, que tiene como objetivo ofrecer una ayuda directa y reembolsable a las personas que asumen el sobrecoste de la celiaquía. La representante ha solicitado que se deje "la gresca parlamentaria" para dar luz verde a la que se considera la primera ley que propone ayudas directas para quienes padecen esta enfermedad.
La diputada ha puesto de relieve el impacto económico de la celiaquía en los hogares, señalando que las personas que deben seguir una dieta sin gluten tienen un sobrecoste anual estimado de 977 euros en comparación con quienes no la necesitan, y subrayando que una familia con un menor celíaco soporta un sobrecoste anual de 1.000 euros. En su intervención, denunció que no exista ninguna ayuda económica a nivel estatal para compensar los gastos derivados del único tratamiento que existe para esta enfermedad, que es "una dieta estricta sin gluten", debido a que "su tratamiento no está en un hospital, está en la despensa de sus casas".
La proposición de ley plantea una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta 600 euros por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado con la enfermedad celíaca. Además, la iniciativa propone la creación de un registro estatal de pacientes con el fin de "garantizar la transparencia, el rigor y la justicia en el acceso a esta compensación económica".
Sánchez Torregrosa expuso que la aplicación de esta ley implicaría un coste de 60 millones de euros al año, una cifra que considera "totalmente asumible para un Estado que en el año 2024 ha tenido una recaudación tributaria récord cercana a los 300.000 millones de euros".
La diputada también se dirigió a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para rogarle, por respeto a los enfermos, que si se aprueba la toma en consideración de esta ley, "no la meta en el congelador donde ya tiene 41 iniciativas del Partido Popular". Finalmente, exigió al Gobierno y a sus socios que no permitan que esta ley quede sin financiación, como, según la diputada, "han dejado a todos los pacientes de ELA durante más de un año", donde más de mil pacientes "se han quedado por el camino por la falta de responsabilidad del Gobierno de Sánchez".