La sanidad pública, en nuestra provincia de Almería y en toda Andalucía, debería ser un terreno vedado a la refriega política más elemental. Sin embargo, la crisis de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama ha desatado una tormenta que huele a cinismo. No me refiero al legítimo escándalo por un fallo de gestión que llevó a la dimisión de la anterior Consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, sino a la forma en que el drama de las mujeres afectadas se ha convertido en el principal ariete de la oposición.
La dimisión de Hernández y el nombramiento posterior de Antonio Sanz, actual consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, evidencian que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha asumido la magnitud del error. Un error que afectó a miles de mujeres, retrasando la notificación de resultados dudosos en mamografías, fruto de un protocoloheredado de la épocadel PSOE. Una tragedia personal que merece la máxima exigencia y reparación.
Pero una cosa es denunciar ese fallo, y otra, muy distinta, es pretender que ese desliz puntual, por grave que sea, sirva de base para emitir una enmienda a la totalidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el sistema que presta servicio a millones de andaluces. El discurso de la oposición, en su versión más estridente, ignora deliberadamente una realidad que se sostiene con datos irrefutables.
Es la hipoteca moral de la demagogia: se denuncia la muerte de las mujeres que pudieron no ser informadas a tiempo, y se hace bien, pero se calla la vida de aquellas que se han salvado. Se silencia que el Gobierno andaluz del Partido Popular ha ampliado el rango de edad para este cribado, con el objetivo de llegar a mujeres de 45 a 75 años, incluyendo a personas que antes no tenían acceso a la detección precoz. Cada una de esas nuevas mamografías con resultado positivo a tiempo es una vida salvada. El sufrimiento de unas no puede anular el avance que beneficia a otras.
Este enfoque sesgado se repite con el cribado de cáncer de colon, un programa inexistente en Andalucía bajo los anteriores gobiernos socialistas, y que ahora se aplica de forma sistemática. La cuantificación de las vidas que se salvan gracias a este cribado del SAS es un dato objetivo y capital, pero convenientemente olvidado por quienes solo buscan el titular de la catástrofe.
La gran falacia de la "privatización" y el "desmantelamiento" cae estrepitosamente al cotejar la inversión. El presupuesto de la Junta de Andalucía destinado a sanidad en 2024 es considerablemente superior al de 2018, último año completo de gestión socialista. El gasto sanitario por habitante, que situaba a Andalucía a la cola de España en 2018 (con unos 1.169 euros por habitante), ha superado por primera vez en la historia la media del Estado, alcanzando los 1.764 euros.
Y en cuanto a la supuesta privatización, los datos son aún más duros para la oposición: el porcentaje del presupuesto del SAS destinado a conciertos sanitarios (la externalización de servicios) se sitúa actualmente alrededor del 3,5%, que es porcentualmente inferior al que se destinaba en la época del Partido Socialista que fue del 4,5%. La comparación con la Comunidad Autónoma de Cataluña, con un gobierno de la izquierda, donde el porcentaje de gasto en conciertos sanitarios puede superar el 20%, convierte el argumento de la privatización andaluza en un chiste de mal gusto.
Finalmente, si aterrizamos en Almería, la fría estadística demuestra que, a pesar del crecimiento de la población, se ha producido un descenso en el número de mujeres que fallecen por cáncer de mama en los últimos años, pasando de 89 en 2020 a 80 en 2024. Lo mismo ocurre con el cáncer de colon, con una tendencia a la baja en los últimos tres ejercicios.
Los datos son el contrapeso a la intoxicación. Es necesario señalar y corregir los errores en la gestión, como la crisis que provocó la salida de la anterior consejera, pero transformar el dolor ajeno en un ariete político basado en medias verdades y omisiones es una estrategia tan aborrecible como la propia negligencia que se denuncia. El debate sanitario, por respeto a los pacientes de nuestra provincia, exige menos estridencia y mucha más honestidad con las cifras.