El Estado español ha vuelto a instalarse, por enésima vez, en el temblor artificial de una posible moción de censura. El rumor, con un ADN político más propio del marketing que de la geometría parlamentaria, ha resurgido con fuerza a raíz de la reciente postura de Junts per Catalunya. Los de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat que mantiene una tensa relación con el Ejecutivo, han anunciado que someterán a votación de su militancia la continuidad de su apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
La primera reacción ante este movimiento, incluso para un observador en Almería, es la sorpresa. Junts siempre ha negado la existencia de un "pacto de legislatura" con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido hasta la saciedad en que su apoyo es un "partido a partido" —una filosofía más atribuible a Diego Pablo Simeone que a la estabilidad institucional—, negociando ley a ley, decreto a decreto. Por lo tanto, si no hay pacto formal, ¿cómo es posible que se planteen "romper" un acuerdo que, según ellos, es inexistente?
La contradicción no es menor. Junts ha respaldado al Gobierno de coalición en minoría —compuesto por el PSOE y Sumar— únicamente en función de concesiones concretas, como la polémica Ley de Amnistía. Anunciar ahora la posibilidad de retirar el apoyo sistemático es un oxímoron, ya que el apoyo jamás ha sido tal. Es más bien una nueva maniobra de presión para arrancar nuevas cesiones al presidente del Gobierno, que ya se enfrenta a complejas negociaciones presupuestarias y al desgaste por el 'caso Koldo' y otras controversias que atañen a su entorno.
El anuncio de Junts ha servido de catalizador para que sectores de la oposición retomen el debate sobre una moción de censura. No obstante, al analizar la aritmética y las intenciones reales, el escenario se desdibuja hasta la quimera. La evidencia indica que a ninguno de los actores clave le interesa realmente este mecanismo constitucional.
El primero en descartarse, al menos de manera práctica, es Vox. El partido liderado por Santiago Abascal ya ha demostrado que su prioridad estratégica es el enfrentamiento total, situando al Partido Popular (PP) como un enemigo político tan relevante como el PSOE. Han reiterado que no irían "a ningún sitio con los independentistas", una excusa perfecta para paralizar cualquier acuerdo. Sin embargo, si la moción solo persigue el derrocamiento del Gobierno de Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones —sin pactos de Gobierno con Junts—, la reticencia de Vox resulta difícil de justificar. El objetivo, parece, es mantener al PP en un desgaste constante.
Por su parte, Junts tampoco tiene incentivos reales. Una moción exitosa abriría las puertas a unas elecciones generales anticipadas. Las encuestas en este momento son volátiles —aunque algunos sondeos, como los de GAD3 o 40dB, muestran ligeros repuntes de Vox a costa del PP—, pero una cosa es clara: Junts arriesgaría su posición actual de "llave", la que le permite extorsionar al Gobierno a cada paso. Perder ese papel central en la gobernabilidad del Estado sería una catástrofe estratégica para ellos. La estabilidad, aun tensa, es su mejor baza.
El único actor que podría tener un interés genuino en la moción de censura es el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Una moción serviría para evitar un mayor desgaste del partido de la gaviota, que ve cómo una parte de su base electoral, especialmente en un contexto de polarización extrema, migra hacia Vox. Convocar elecciones lo antes posible, con el Gobierno sumido en la controversia, podría ser una ventana de oportunidad.
Pero el PP se encuentra en una encerrona. Para que la moción tenga éxito, necesitaría el apoyo de Vox, y este lo supedita a una ruptura total con Junts que, a su vez, depende de un imposible alineamiento de intereses contrapuestos.
En definitiva, la amenaza de moción de censura, activada por el amago de Junts de la mano de su secretario general, Jordi Turull, y de su líder en Bruselas, Carles Puigdemont, es un artificio. Es un termómetro de la inestabilidad, sí, pero no un presagio de ruptura. Es un farol que beneficia a Junts para seguir obteniendo contrapartidas y a Vox para distanciarse de cualquier pacto transversal, dejando al PP en la difícil posición de ser el único actor interesado sin tener las herramientas para ejecutarlo.
El escenario más probable, pese a los tambores de ruptura, es que Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez acaben, de nuevo, encarrilando su acuerdo a golpe de tensión máxima. A los almerienses, como al resto de la ciudadanía, solo nos queda observar este teatro político con la rigurosidad del dato y la paciencia del que sabe que la pirotecnia mediática rara vez se traduce en un cambio de gobierno.