El Gobierno ha tomado la decisión de avanzar en el proceso para la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, argumentando que esta entidad no actúa en beneficio del interés general y que, además, menoscaba la dignidad de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.
Este viernes, se notificará a la Fundación Francisco Franco sobre la apertura formal del procedimiento destinado a solicitar su disolución. Este paso es parte de una serie de acciones que buscan abordar temas relacionados con el legado del franquismo en España.
Las autoridades consideran que las actividades y objetivos de la Fundación son contrarios a los principios democráticos y a los valores establecidos por la Constitución española. La fundación ha sido objeto de críticas por su defensa del régimen franquista y por sus intentos de rehabilitar su figura.
La decisión del Gobierno se enmarca dentro de un contexto más amplio en el que se están revisando diversas políticas relacionadas con la memoria histórica, buscando garantizar el respeto hacia todas las víctimas del conflicto bélico y el periodo dictatorial.
A partir de este momento, se iniciará un proceso administrativo que permitirá evaluar todos los aspectos legales necesarios para llevar a cabo la extinción de la Fundación. Este procedimiento incluirá una serie de trámites y plazos que deberán ser cumplidos antes de llegar a una resolución final.
El objetivo principal es asegurar que se respete el derecho a la memoria histórica y se eviten situaciones que puedan resultar ofensivas para aquellos que sufrieron durante esos años oscuros en España.