Las universidades públicas de Andalucía se encuentran en un estado de alerta ante los recientes ataques dirigidos a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y los gobiernos elegidos que rigen nuestras instituciones. Aunque estos ataques no son inéditos en la historia de España, representan una amenaza grave para la convivencia, la democracia y las libertades fundamentales.
Como parte integral de las instituciones democráticas establecidas por nuestra Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, nuestras universidades tienen una misión y función social que deben ser defendidas con firmeza.
Los campus universitarios son esenciales para la generación del conocimiento que impulsa el avance social. En ellos se desarrolla una vida académica rica que fomenta el crecimiento personal, profesional y cívico de todos los miembros de la comunidad universitaria.
En este espacio dedicado al conocimiento, todas las ideas que se presenten con rigor y respeto tienen cabida. Los debates académicos, científicos y sociales que contribuyen al progreso de nuestra sociedad son fundamentales. Sin embargo, es crucial señalar que los discursos de odio, las mentiras, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor no están protegidos por la libertad de expresión.
La universidad pública debe ser un bastión de libertad, igualdad e inclusión; un lugar donde prevalezcan la cultura, los valores cívicos y democráticos, así como la justicia social. Por esta razón, las nuevas corrientes reaccionarias han puesto sus miras en nuestras instituciones, tal como ocurrió en épocas pasadas.
Como pilares fundamentales de nuestra democracia, las universidades públicas no podemos quedarnos al margen mientras crece la tensión social y se normaliza la violencia física y verbal contra los colectivos más vulnerables.
Por todo lo expuesto anteriormente, hacemos un llamado a la ciudadanía así como a los gobiernos estatal, autonómico y locales para fomentar un diálogo público basado en el respeto mutuo, la verdad y el interés general. Es imperativo llevar a cabo acciones urgentes que incluyan la regulación de las redes sociales que fomentan la polarización, difunden noticias falsas y propagan discursos de odio.