Opinión

¿Qué más quiere el PSOE?

Rafael M. Martos | Domingo 23 de noviembre de 2025

Es razonable, y hasta entra dentro de la lógica Darwiniana del ecosistema político, que cuando un partido huele sangre en la bancada contraria, se lance a la yugular. Si el adversario tropieza, se le empuja. No vamos a descubrir ahora la pólvora ni a fingir que la política en este Estado es un té de las cinco entre caballeros victorianos. Cuando aparece un caso de corrupción, o siquiera la sombra de uno, la oposición tiene el deber —y el placer— de fiscalizar. Hasta ahí, todo entra dentro del guion. Sin embargo, al observar la estrategia de tierra quemada que ha adoptado el PSOE en la provincia de Almería, uno no puede evitar preguntarse, con genuina perplejidad: ¿Qué más quieren?

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Pongamos los datos sobre la mesa, porque la memoria es frágil y la demagogia tiene las patas muy cortas. En 2021, cuando la UCO irrumpió por primera vez, el entonces presidente Javier Aureliano García no titubeó: fulminó a su vicepresidente tercero, Óscar Liria, expulsándolo de todos sus cargos orgánicos e institucionales. Ahora, en 2025, la historia se repite pero elevando el tiro. La Guardia Civil ha detenido al propio Javier Aureliano García y a su vicepresidente, Fernando Giménez.

¿Y cuál ha sido la respuesta? El Partido Popular de Andalucía tardó lo que se tarda en redactar un comunicado en suspenderlos de militancia en cuanto el TSJA confirmó las detenciones. Pero lo verdaderamente relevante, el dato que el PSOE omite deliberadamente, es la asunción de responsabilidades personales. Tanto García como Giménez, tras quedar en libertad con cargos, presentaron su renuncia voluntaria. Han dejado de ser presidente y vicepresidente, han entregado sus actas de diputados y han dimitido como concejales. Se han ido a su casa. Nadie, ni el partido ni la ley, podía obligarles a entregar el acta de concejal, porque en nuestro sistema el escaño pertenece a la persona, no a las siglas. Lo han hecho motu proprio. ¿Que les han presionado? Pues seguro, porque nadie deja un cargo así por las buenas, pero otros que no los dejan ni por las malas.

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A pesar de esta inmolación política inmediata, al PSOE de Almería y a sus portavoces en Sevilla no les basta. Ahora agitan el fantasma de un supuesto "pacto de silencio". ¿Pacto de silencio a cambio de qué? Es una pregunta que José María Martín y los suyos deberían responder antes de lanzar la piedra. ¿Qué saben ellos que no sepamos los demás? Si sugieren que hay una conexión con la Junta de Andalucía o con la dirección regional del PP, que tengan la valentía de ponerle nombre y apellidos.

Resulta ridículo hablar de prebendas por silencio cuando los implicados han perdido, literalmente, todo su poder político en cuestión de horas. ¿Cuál es la contrapartida por callar? ¿El ostracismo? La teoría de la conspiración socialista hace aguas por el simple hecho de que los supuestos beneficiarios del silencio están hoy fuera de la vida pública.

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La hipocresía se vuelve aún más flagrante cuando miramos a los alcaldes de Fines y Tíjola, también investigados y suspendidos de militancia por el PP. El PSOE exige que se les quite el cargo. Un poco de rigor jurídico: el partido no puede confiscar un acta de concejal. Y los socialistas lo saben mejor que nadie. ¿O acaso han olvidado a José Luis Ábalos? El PSOE tardó 16 meses —no minutos, como el PP en Almería— en expulsar del partido al exministro, y aun así, ahí sigue en el Grupo Mixto, aferrado a su escaño, porque el PSOE no puede recuperarlo. Exigir al PP en Almería lo que el PSOE es incapaz de hacer en el Congreso de los Diputados en Madrid no es hacer política, es insultar la inteligencia del electorado. ¿Con qué autoridad moral exige el PSOE en Almería lo que no puede ejecutar en Madrid?

Y si hablamos de varas de medir, hablemos de ejemplaridad. El Gobierno de España mantiene su apoyo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. No solo hay sentencia del Supremo que le afean "desviación de poder", sino que mientras estaba investigado penalmente por revelación de secretos el Gobierno le daba su apoyo, y cuando lo imputaron también, cuando ha estado en el banquillo también, cuando lo han condenado también. Y ahí sigue. Sánchez no solo no le pide que se marche para no dañar la institución, sino que sale en su defensa. Un Fiscal General investigado es "víctima de una campaña", pero un político del PP investigado en Almería debe ser aniquilado, incluso cuando ya ha dimitido.

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Para rematar, volvemos a la teoría de la omnisciencia selectiva. Para el socialismo, Juanma Moreno debía saber por telepatía lo que ocurría en los despachos de la Diputación de Almería. Sin embargo, Pedro Sánchez, que duerme en la Moncloa, no se enteraba de los negocios de su mujer, ni de las andanzas de su hermano que residía en ell, ni de lo que hacía su mano derecha y secretario de Organización, Ábalos, a dos metros de su despacho, ni luego de Cerdán. Sánchez es un inocente despistado; Moreno Bonilla, un culpable por omisión.

Esta doble vara de medir permanente, este ponerse estupendo exigiendo dimisiones a quienes ya han dimitido mientras se blinda la corrupción propia, es agotador. El PP ha actuado en Almería con una contundencia que ya quisiera para sí el sanchismo. Así que, volviendo al principio: ya tienen las cabezas, ya tienen las actas. ¿Qué más quiere el PSOE?

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