La población mundial está cambiando. En concreto, en Europa asistimos al envejecimiento de sus habitantes debido a una disminución de la natalidad. Por tanto, todo augura una
disminución de los moradores del “Viejo Continente” y también de su población juvenil que es a quien compete tomar el relevo en la resolución de problemas actuales como son las pensiones de jubilación, los recursos para las personas dependientes o la sanidad y educación pública.
Esta tendencia parece que no puede frenarse, aunque haya un leve crecimiento global impulsado por la migración. Esto nos lleva a analizar estos cambios demográficos en otros
contextos más cercanos como son los centros educativos.
La provincia de Almería ha visto en los últimos años que se suprimían unidades (aulas) por la disminución de alumnos matriculados. Sin embargo, la Administración no aprovechaba esta situación para reducir la ratio (número de alumnos-as en el aula). En todo caso, es habitual ver cómo se cerraba esa clase y se enviaba al profesorado sobrante a otro centro. La inestabilidad de la plantilla ya no es propiedad exclusiva del personal interino.
Almería, situada, geográficamente, en lo que se denomina “la puerta de Europa” por el flujo migratorio del Mar Mediterráneo occidental desde el norte de África, ha visto, poco a poco,
como cambiaban las necesidades del alumnado, así como las zonas de escolarización.
Llegaban en cualquier momento del curso escolar, sin hablar español, al igual que muchas de sus familias, sin datos médicos, académicos, psicológicos o de edad cronológica
documentada...etc.
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El profesorado encuentra aulas cada vez más diversas. Al hándicap de la diversidad cultural y lingüística de dicho alumnado hay que añadir los casos de “necesidades educativas
especiales” en la clase. La defendida “inclusión” de determinado alumnado dentro del aula, es una utopía si no cuenta con los recursos humanos necesarios y una ratio reducida. Mientras se cierran aulas ordinarias, cada vez son más las aulas TEA (trastorno del espectro autista) que se abren en Almería. ¿A qué es debido? ¿A nadie le preocupa este dato estadístico?
La etapa de Educación Infantil en Almería y sus docentes se están viendo desbordados por la llegada de nuevo alumnado, en muchos casos, sin diagnosticar y que complica la atención individualizada a los niños-as de 3 a 6 años. Se viven situaciones de extrema gravedad en la que determinadas patologías hacen imposible que haya juguetes a la vista en las aulas, o una maestra tenga que estar corriendo detrás de un alumno que no deja de meterse piedras en la boca (trastorno de pica). La seguridad del grupo-clase es lo más importante para el tutor-a, pero...¿qué hacemos con el resto?
Recordemos que en estas edades hay falta de autonomía, necesidad de apego, problemas de motricidad, control de esfínteres y primeros aprendizajes escolares.
Es necesario que la Administración Educativa dote de recursos humanos a estas aulas. Si no, ¿qué sentido tiene la existencia de la atención temprana en Andalucía?
El profesorado no pide más ordenadores ni pizarras digitales. La demanda más exigida durante décadas es siempre la misma: Menos ratio y más docentes.
Queremos profesorado especializado en Atención a la Diversidad con horario estable en un único centro y no de manera itinerante. Se necesitan más maestros de Pedagogía Terapeútica, Audición y Lenguaje, Trastornos de Conducta, ATAL, Personal Técnico de Integración Social (monitores que ayudan a la higiene, alimentación, seguridad y desplazamiento del alumnado NEE).
Los cambios sociales en nuestra población abarcan hasta el final de la etapa educativa obligatoria. En muchos Institutos de Educación Secundaria las bajas médicas del profesorado surgen tras agresiones verbales del alumnado, disputas entre adolescentes, casos de acoso...etc. Tampoco hay herramientas eficaces para proteger la seguridad del profesorado y alumnado en estos centros educativos.
Ojalá la burocracia exigida al profesorado sirviera de algo, pero la acción de rellenar documentación constantemente no introduce mejoras en estos espacios que cada vez son menos seguros.
La población no puede hacer “oídos sordos” a situaciones que ponen en riesgo la convivencia escolar desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria. El profesorado no se siente respaldado por la Administración ni dispone de personal para hacer frente a problemas de conducta o patologías específicas mientras se intenta dar clase. Actualmente los docentes se sienten como “vigilantes de seguridad” que intentan proteger su propia integridad personal y la de su alumnado y volver “sanos y salvos” a casa.