Las políticas de prevención de riesgos laborales, en especial las que abordan los riesgos psicosociales, tienen como objetivo primordial evitar que los trabajadores sufran daños durante su actividad laboral. Estos daños pueden ser severos y acarrear altos costos tanto en términos de sufrimiento humano como económicos. En este contexto, el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de grados de incapacidad permanente (IP), incluida la incapacidad permanente absoluta (IPA), se ha vuelto cada vez más común. Esta situación es especialmente relevante para aquellas personas que sufren patologías psicosociales, como la depresión, que son difíciles de acreditar ante el INSS.
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A pesar de las dificultades legales, un número creciente de sentencias está comenzando a reconocer estas incapacidades. Es importante destacar que aunque los hombres tienden a recibir más reconocimientos de IP relacionados con trabajos físicamente exigentes, son las mujeres quienes enfrentan con mayor frecuencia problemas psicosociales. Esto incluye casos como el de una camarera de piso que lucha contra la fibromialgia y la depresión, quienes deben lidiar con un sistema administrativo complicado para obtener el reconocimiento adecuado.
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Las profesiones predominantemente femeninas, como las de camareras y limpiadoras, no solo requieren un gran esfuerzo físico sino que también están sometidas a una intensa presión laboral. En campos como el trabajo social, la carga emocional puede resultar aún más pesada. Por ejemplo, una educadora en un centro de menores tuvo que luchar para conseguir el reconocimiento por estrés laboral tras haber sido inicialmente rechazada.
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Es bien sabido que las bajas por motivos psicosociales tienden a prolongarse más que otras y pueden convertirse en crónicas. Un caso notable es el de una educadora infantil con fibromialgia y trastornos ansiosos-depresivos que no logró obtener el grado de incapacidad necesario debido a la falta de reconocimiento del impacto emocional que su trabajo le generaba.
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Recientemente ha cobrado relevancia mediática el caso de una trabajadora social de 58 años en El Puerto de Santa María (Cádiz), quien fue reconocida con una pensión por incapacidad temporal (IPT) y posteriormente con incapacidad permanente absoluta (IPA). La sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Cádiz subraya cómo su excesiva implicación emocional en casos críticos afectó gravemente su salud mental, provocando síntomas depresivos agudos.
Este fenómeno refleja un claro caso de burnout o síndrome del trabajador quemado. La empatía, aunque es fundamental en profesiones sociales, puede volverse perjudicial si no se gestiona adecuadamente. La falta de medidas preventivas adecuadas para manejar esta carga emocional puede llevar a situaciones críticas para la salud mental del profesional.
La gestión preventiva debería incluir estrategias para regular la empatía en entornos laborales donde predomina la carga emocional. Este enfoque ha llevado al surgimiento del concepto “ecpatía”, que busca equilibrar la capacidad empática sin caer en la sobrecarga emocional. Este término propone establecer límites saludables en la implicación emocional para proteger tanto al trabajador como a los beneficiarios del servicio.
Desde un enfoque jurídico, es esencial capacitar a los profesionales mediante formación adecuada sobre riesgos psicosociales y promover políticas empresariales que fomenten un ambiente laboral saludable. Implementar medidas efectivas no solo beneficiará a los trabajadores al reducir el dolor humano asociado al estrés laboral, sino que también tendrá repercusiones positivas en términos económicos para las empresas.