El grupo parlamentario del Partido Popular en Andalucía (PP-A) presentará este miércoles, 4 de diciembre, una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía con el objetivo de lograr la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La formación política argumenta que la medida se fundamenta en la que denominan "actitud indolente" del ministro en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
El PP-A busca que la Cámara andaluza manifieste su rechazo al proceder del ministro por el "abandono institucional" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por los "constantes incumplimientos a compromisos adquiridos" con estos efectivos, lo que, según el partido, está deteriorando los niveles de seguridad ciudadana y orden público y generando una situación de "enorme peligrosidad" para la seguridad e integridad física de los agentes en Andalucía.
De manera particular, la iniciativa hace un llamamiento urgente a la actuación en la provincia de Almería, indicando que se encuentra "al borde de una crisis de seguridad sin precedentes". El PP-A subraya la carencia de medios esenciales en la provincia, como la falta de helicópteros o cualquier otro medio aéreo, la obsolescencia de las embarcaciones disponibles y la "absoluta impunidad" con la que se lleva a cabo el llamado 'petaqueo', el suministro de combustible a las narcolanchas. La situación también se extiende a la provincia de Sevilla, donde se señala un recrudecimiento del comportamiento violento de los narcotraficantes que coloca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en "absoluta desventaja en número y en sofisticación de armamento".
En este contexto, el PP-A también exige que el Parlamento censure la "conducta poco colaborativa" del Gobierno de España en la investigación llevada a cabo para esclarecer el asesinato de dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate.
La proposición no de ley insta al Gobierno español a que asuma un "compromiso nítido e inquebrantable" en la lucha contra el narcotráfico y las mafias, solicitando que se despoje de una concepción que consideran errónea del orden público, la cual conlleva una falta de apoyo institucional y jurídico firme. Esta falta de apoyo, según el PP-A, estaría dando lugar al aumento exponencial del tráfico de drogas y de la inseguridad de los servidores públicos.
Entre las demandas específicas se incluye la aprobación de un plan "de refuerzo policial y legislativo", dialogado y acordado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este plan debe contemplar la dotación de efectivos personales, medios materiales y tecnológicos que permitan combatir la delincuencia y el narcotráfico de "manera segura y eficaz", además de instrumentos normativos que garanticen la seguridad jurídica de los agentes.
Asimismo, la iniciativa reclama una modificación de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de narcotráfico para tipificar las actividades de los conocidos como 'petaqueros', que son las personas que almacenan y transportan grandes cantidades de gasolina destinadas a suministrar combustible a las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de droga. Esta modificación, que busca endurecer la legislación contra el transporte o almacenamiento de combustible, es una reclamación compartida por agentes y miembros de la judicatura.
Finalmente, el PP-A considera fundamental la restauración o creación de unidades especializadas antidroga, poniendo como ejemplo la desmantelada OCON-Sur, las cuales deberían disponer de financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo como el Campo de Gibraltar. Se pide, además, que el Parlamento comparta la indignación de los agentes ante el "abandono y olvido" y que se proceda al reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo, junto con la plena equiparación salarial y una jubilación digna.