Vivir de alquiler no es vivir, si acaso podría ser morir de hambre. Porque a una gran mayoría, en especial a quienes necesitan una vivienda «social», es decir, a un precio asequible, la respuesta de los propietarios de todos los tamaños, es la misma, salvo las honrosas excepciones, si las hay: «— que se busque algo que pueda pagar». Excusa hipócrita, porque todo el mundo sabe que eso no existe en este momento. Un zulo de veinte metros cuadrados es difícil, más aun imposible, poderlo considerar vivienda, Lo que está ocurriendo no es liberalismo, el liberalismo feneció hace tiempo engullido por el capitalismo salvaje. Y no ocurre en todo el mundo. En diversos estados y ciudades, entre ellos Berlín y Nueva York, llevan tiempo con el tope al suelo y al precio del alquiler. Y también limitan severamente el alquiler por días (conocido como «turístico». En Suiza el alquiler, sin haber bajado, ya está muy por encima del de una ciudad media como Almería.
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Estas ciudades y estos países están muy lejos de parecerse a un sistema «comunista» o similar. Se trata simplemente de un comportamiento lógico dónde, voluntariamente como Suiza o legislado como en otros lugares, recuérdese: de ideología y régimen capitalista, han comprendido que la subida continuada y desenfrenada, solamente puede conducir a una crisis como la de 2008 o peor. Son, simplemente decisiones humanas, porque la vivienda es un bien necesario, un derecho inalienable aquí y en todos los lugares que se consideren a sí mismos civilizados, liberales o democráticos y las viviendas sociales, o los llamados alquileres sociales, no necesitan apellidos, menos aún tan pomposos. Porque se trata solamente de precios ajustados a los costos reales, precios asequibles para que las familias no se vean obligadas a vivir todos en una habitación o para que no vuelvan a surgir barrios de chabolas con sus medio alojamientos inhumanos. .A Ayuso, Feijoo y los suyos no les gusta la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), claro, porque es ligeramente menos injusta que las anteriores
A los denunciadores profesionales para crear ambiente favorable a su propia propaganda, es normal que no les guste. La ley no va a impedir el beneficio de los arrendadores, pequeños o grandes, pero sí los puede disminuir ligeramente. Y eso ellos lo consideran perjuicio… para sus amigos y para ellos mismos. Si se tiene en cuenta que sólo la familia Aznar tiene más de cuatro mil viviendas en alquiler, o que la señora Aguirre vendió a un fondo buitre toda una urbanización construida como viviendas sociales, a menos del veinte por ciento del valor al que habría sido vendido a sus verdaderos destinatarios, ya puede calibrarse por dónde va el descontento.
«A cambio» (es un decir) la derecha plantea subvenciones al alquiler. Una forma de financiación para que los arrendadores no disminuyan ni un céntimo sus ya abultados beneficios e inmorales beneficios, decimos inmorales porque están basados en la explotación de los más necesitados. En paralelo, esa misma derecha pide continuamente bajada de impuestos y se oponen con toda su energía a un suplemento a las grandes fortunas. La demagogia está clara, aunque todos parecen negarse a descubrirla: con una bajada general proporcional, quienes viven del salario mínimo o algo más, podrían ahorrarse unos euros al mes. Las grandes corporaciones, las financieras, la banca, los supercapitalistas, se ahorrarían una fortuna. Toda una fortuna a costa y en perjuicio del erario público. Así, entre la pretendida bajada de impuestos, para que los grandes paguen menos y la financiación de una parte importante de los alquileres para que su beneficio no se merme lo más mínimo, Hacienda contaría con mucho menos dinero para infraestructuras y servicios. Y entonces los mismos buscadores de ahorro a quienes más tienen, «encontrarían» otro «motivo» para desprestigiarlo por no atender esas necesidades de todos. ¿Se va viendo claro el juego?