El debate sobre la modificación de la tasa municipal de cementerios en el Pleno del Ayuntamiento de Almería continuó con la intervención del concejal socialista Raúl Enríquez, quien se opuso firmemente a la nueva subida, tildándola de "abusiva". El edil centró su argumentación en el articulado del contrato de concesión, afirmando que la justificación utilizada para el incremento de precios no se corresponde con lo pactado entre la Administración y la empresa.
Enríquez destacó que el contrato establece claramente que "se encuentran dentro del riesgo operacional del contrato los incrementos salariales derivados de convenios colectivos de los trabajadores de subida de salario mínimo interprofesional". Por lo tanto, el concejal socialista defendió que "dicha subida debería ser asumida por la empresa concesionaria y no por los ciudadanos de Almería, que es lo que está ocurriendo en este caso". Argumentó que el alza se justifica, entre otros parámetros, en que la empresa ha fijado un nuevo convenio colectivo y ha incrementado los salarios a sus trabajadores, algo que, según el edil, contraviene lo dispuesto en el artículo 27 de los pliegos.
El concejal lamentó que "es habitual en esta ciudad que todo el esfuerzo económico recae siempre en los ciudadanos", a pesar de que el Equipo de Gobierno "se vanaglorien de tener unas cuentas saneadas y de que haya superávit", e insistió en que debería ser la empresa quien asumiera parte del incremento de estos costes. Para el Grupo Municipal Socialista, esta nueva subida representa una "gestión irresponsable" del Ayuntamiento, ya que se está "priorizando la recaudación sobre la eficiencia por parte de una concesionaria".
Además, el representante socialista elevó el tono de su crítica al recordar que esta concesionaria "ha sido sancionada por esta Administración" por no cumplir lo establecido en los pliegos, destacando que dicha sanción solo se produjo a raíz de una denuncia previa de su Grupo. Pero fue más allá al mencionar que la concesionaria "se encuentra inmersa en un procedimiento judicial por un presunto delito de estafa a los ciudadanos de Almería en la gestión de dicho servicio municipal".
Enríquez se refirió a un auto del pasado 29 de septiembre de este mismo año, emitido por la Audiencia Provincial de Almería, que consideró, según leyó literalmente el concejal, que "la decisión de sobresaler las actuaciones no se justifica las circunstancias puestas porque los hechos objetos de la investigación presentan apariencia de delito". El edil contrastó este pronunciamiento con la reacción inicial del Equipo de Gobierno. "Sobresalimiento que, en su día, la señora Sánchez salió celebrándolo en prensa bajo el falso pretexto de defender los intereses de los ciudadanos", criticó.
El concejal socialista reprochó la postura del Ayuntamiento ante el recurso de apelación presentado por su grupo y un sindicato contra el archivo inicial de las actuaciones judiciales. "¿Qué hizo este equipo de Gobierno cuando se presentó el recurso de apelación por entender este Grupo Municipal Socialista y un sindicato que no procedía al archivo de las actuaciones? Pues oponerse al recurso, no vaya a ser que molestásemos a la empresa, ¿no?", preguntó de forma retórica en el Pleno.
Enríquez aportó más detalles al leer textualmente otra parte del auto de la Audiencia Provincial, la cual indicaba que "el ayuntamiento de Almería supone el recurso considerando que la decisión de sobresaler las actuaciones es acorde a derecho". El concejal socialista inquirió a la concejala Sánchez, sin detallar su nombre, por su silencio sobre esta oposición, indicando que lo único que había manifestado era que el Ayuntamiento se estaba personando en el procedimiento.
El representante del PSOE lamentó que el Ayuntamiento no haya "mostrado ningún interés, ningún interés, por aclarar lo sucedido a la vista de las acciones judiciales que ha tenido este ayuntamiento". Enríquez concluyó que el Equipo de Gobierno intentó "dar carpetazo a este caso con una simple declaración responsable de la empresa" y que su oposición al recurso de apelación y su celebración del sobreseimiento inicial demuestra que han "actuado más como defensa de la propia empresa que como acusación o como perjudicado".
Finalmente, el concejal reiteró que esta subida de tasas, la cual recordó que es la segunda en apenas año y medio para este servicio, "no procede y, por lo tanto, es abusiva", ya que los incrementos salariales derivados de convenios colectivos "forman parte del riesgo operacional de dicho contrato y, por lo tanto, debe asumirlo la empresa".