El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Este nuevo marco normativo tiene como finalidad principal reforzar el respeto y consideración hacia el personal docente en los centros no universitarios, promoviendo un entorno de convivencia y respeto dentro de la comunidad educativa. Se busca garantizar que los docentes puedan desempeñar su labor con dignidad y seguridad, ya que su reconocimiento es fundamental para elevar el prestigio del sistema educativo y fomentar valores como el esfuerzo y la responsabilidad entre los estudiantes.
Entre las medidas concretas que establece el decreto se encuentra la declaración de los docentes como autoridad pública. Esto significa que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se establece que tanto el alumnado como sus representantes legales deben respetar la autoridad del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.
El decreto también contempla procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en situaciones que lo requieran. La asistencia jurídica incluye representación y defensa en juicio, tanto en casos iniciados contra el docente como en aquellos promovidos por él para defender sus derechos ante amenazas o agresiones. Además, la Junta de Andalucía se compromete a promover ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones graves contra el profesorado.
Con el fin de brindar un apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional creará una Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, compuesta por profesionales especializados. Esta unidad será clave para asegurar que colegios e institutos sean entornos seguros y respetuosos para la enseñanza.
Dicha Unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas, gestionar solicitudes de asistencia jurídica y psicológica, así como evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas. Cada caso será tratado individualmente según la problemática presentada, informando al docente sobre las acciones concretas a emprender. La asistencia psicológica estará disponible para ayudar a los docentes a superar las repercusiones emocionales derivadas de agresiones o conflictos laborales.
El desarrollo normativo también incluye iniciativas destinadas a mejorar la valoración social del profesorado. Se llevarán a cabo campañas informativas y divulgativas para aumentar el respeto y prestigio hacia esta profesión esencial, destacando su importancia social. Además, se establecerán bases reguladoras para premios y distinciones educativas que reconozcan a aquellos docentes que sobresalgan por su labor innovadora o contribuyan a mejorar la convivencia en los centros educativos.
Este decreto no solo se aplica a los centros educativos, sino que también abarca actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación donde un docente pueda verse vulnerado en el ejercicio de su profesión. Esto incluye casos de ciberacoso o cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.