El letrado del investigado por la muerte del menor de cuatro años denuncia un intento de linchamiento dentro del centro penitenciario almeriense
Sábado 27 de diciembre de 2025
La situación de seguridad del principal investigado por la muerte violenta de un menor de cuatro años en el municipio de Garrucha ha dado un giro preocupante dentro del centro penitenciario de El Acebuche. Tras su ingreso en prisión el pasado sábado 6 de diciembre por orden de la jueza instructora, el acusado se enfrenta a un clima de extrema hostilidad por parte del resto de la población reclusa. Fuentes cercanas al caso han confirmado que se han producido varios intentos de agresión contra su persona, motivados por la naturaleza del delito que se le imputa: el presunto maltrato y asesinato a golpes del hijo de su pareja.
A pesar de que desde Instituciones Penitenciarias se ha mantenido que el interno se encuentra en buenas condiciones y que no se han registrado incidentes relevantes, la representación legal del acusado ha contradicho esta versión de manera tajante. El abogado defensor ha confirmado que la pasada semana se produjo un intento de linchamiento contra su cliente en el módulo 11 de la prisión almeriense. Según el letrado, la integridad física del investigado se mantuvo a salvo únicamente gracias a la intervención de su compañero de celda, quien evitó un desenlace de mayor gravedad durante el altercado.
Como consecuencia de este episodio violento, el investigado ha sido trasladado a una nueva ubicación dentro de la misma cárcel de la capital. No obstante, su defensa sostiene que este cambio no garantiza su protección, calificando el nuevo destino como un módulo de mayor peligrosidad donde, además, ya no cuenta con el respaldo del compañero que lo auxilió inicialmente. Ante este escenario de riesgo inminente, se ha presentado un escrito formal ante Instituciones Penitenciarias solicitando el traslado inmediato del recluso a un módulo de seguridad específica, con el objetivo de preservar su vida hasta que se celebre el juicio.
La estrategia de la defensa busca combatir lo que denominan la tesis del monstruo, intentando demostrar que entre el acusado y el menor existía un vínculo afectivo y negando que el niño viviera en un entorno de terror constante. Los abogados sostienen que el fallecimiento fue el resultado de un ritual de sanción fallido que derivó en tragedia y no un acto de crueldad deliberada. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con los informes de los investigadores y los testimonios de quienes presenciaron el estado del cuerpo del menor, el cual fue hallado en un antiguo cargadero de mineral en Mojácar, cerca del límite con Garrucha, con múltiples lesiones y signos de una violencia extrema.
El caso ha causado una profunda conmoción en la provincia de Almería, especialmente tras conocerse que el pequeño presentaba un historial de lesiones previas, como fracturas y golpes severos, que el acusado justificaba ante la jueza como accidentes fortuitos derivados de juegos o caídas. Estas explicaciones contrastan con los relatos de allegados y familiares que afirman que el menor vivía con miedo. Incluso consta que una familiar directa llegó a acudir a dependencias de la Guardia Civil para alertar sobre la situación de posible maltrato, aunque en aquel momento no se formalizó la denuncia. Mientras el proceso judicial avanza, la sociedad de Garrucha mantiene el luto por un suceso que ha marcado la actualidad de la Comunidad Autónoma.
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