El año 2025 en la provincia de Almería ha sido un período de intensa actividad política, marcado por transiciones en el liderazgo local, críticas cruzadas entre partidos, avances en políticas agrícolas y un escándalo de corrupción que sacudió las instituciones provinciales. Con el Partido Popular (PP) consolidando su hegemonía en la Diputación Provincial y en la mayoría de los ayuntamientos, pero enfrentando acusaciones de ineficacia y opacidad, el panorama político almeriense reflejó las tensiones nacionales: un gobierno andaluz estable bajo Juanma Moreno, pero con ecos de inestabilidad en el ámbito local. La ausencia de elecciones mayores —las autonómicas se vislumbran en 2026— no impidió que 2025 fuera un año de preparación electoral, con el PP enfatizando su gestión en infraestructuras y agricultura, mientras el PSOE y Vox denunciaban carencias y despilfarros. A lo largo de estos doce meses, Almería vio siete cambios de alcaldes, un relevo en la presidencia de la Diputación y debates intensos sobre presupuestos y transparencia. Esta crónica repasa, mes a mes y temáticamente, los hitos que definieron la política provincial, un territorio donde la agricultura sigue siendo el motor económico y político, pero donde las sombras de la pandemia aún proyectan largas dudas sobre la integridad institucional.
El año comenzó con el foco en la planificación económica, heredada de las decisiones de finales de 2024. En enero, el Ayuntamiento de Almería aprobó definitivamente su presupuesto para 2025, el mayor de su historia con 277 millones de euros, destinado a "seguir transformando la ciudad", según la alcaldesa María del Mar Vázquez (PP). Este plan enfatizaba inversiones en infraestructuras urbanas, turismo y apoyo al sector agroalimentario, pero generó críticas inmediatas de la oposición. Vox, por ejemplo, votó en contra, argumentando que representaba una "subida de impuestos" y un "despilfarro en el postureo de la alcaldesa", como denunció el portavoz de Vox en Almería, Joaquín Pérez. El PSOE, por su parte, lamentó la falta de inclusión social en un presupuesto que, a su juicio, priorizaba proyectos faraónicos sobre necesidades básicas.
En la Diputación Provincial, presidida entonces por Javier Aureliano García (PP), se iniciaron los debates sobre el Plan de Asistencia Económica a Municipios, con subvenciones para entidades locales. En febrero, se publicaron las orientaciones para la Política Agraria Común (PAC) 2025, con novedades como permisos para tratamientos agrícolas en barbechos entre abril y junio, y medidas para preservar el suelo. Esto fue bien recibido en una provincia donde la agricultura representa el grueso del PIB, pero generó debates sobre su equidad: el sector andaluz temía pérdidas de hasta 2.000 millones de euros en ayudas europeas. En marzo, la Junta de Andalucía abrió solicitudes para ayudas apícolas, un guiño al campo almeriense, mientras en redes sociales como X se discutía la "defensa política de la agricultura de Almería".
Políticamente, el invierno vio los primeros relevos locales. En Carboneras, una moción de censura apoyada por PSOE y Ciudadanos (Cs) instaló a Salvador Hernández (Cs) como alcalde, con un pacto de alternancia que preveía el traspaso a José Luis Amérigo (PSOE) más adelante en el año. Este movimiento reflejaba la inestabilidad en municipios pequeños, un patrón que se repetiría.
La primavera trajo una oleada de cambios en las alcaldías, sumando cuatro de los siete relevos totales del año. En mayo, Cóbdar vio la renuncia de José Fuentes, sustituido por Raúl Granero (PP); Turrillas cambió a Juan Antonio Segura por Antonio Jesús Segura (PP); y en Turre, una moción de censura desalojó a María Isabel López (PSOE) en favor de Arturo Grima (PP). En junio, Arboleas aplicó un pacto de alternancia "2+2", pasando de Juan José Ramos (PP) a Pepa Rodríguez (UCIN). En Chercos, una moción devolvió la alcaldía a José Antonio Torres (PP), un veterano de 98 años, tras desalojar a Eduardo Mena (PSOE). Estos relevos, por dimisiones, mociones y pactos, sumaron a los 31 cambios en Andalucía, destacando la volatilidad en el ecuador del mandato municipal (iniciado en 2023).
En el ámbito educativo y político, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Almería abrió matrículas para el curso 2025-2026, incorporando dobles grados en Ciencia Política y Sociología, y Derecho y Trabajo Social. Esto se vio como un impulso a la formación en ciencias sociales, en un contexto donde figuras como Rocío de Meer (Vox) denunciaban en el Congreso la inseguridad ligada a la inmigración, un tema sensible en Almería.
La agricultura siguió en el centro: en abril, se publicó el calendario de caza 2024-2025, y en junio, debates sobre la PAC resaltaron la necesidad de una "política agraria europea más justa".
El verano almeriense, con sus ferias y fiestas —como la Feria de Almería del 22 al 30 de agosto en honor a la Virgen del Mar— no escapó a la política. En agosto, un incidente cultural-político: la alcaldesa Vázquez suprimió himnos tradicionales como La Marsellesa y Riesgos en un homenaje a los "Coloraos", generando acusaciones de ataque a la identidad local.
En julio, la Diputación aprobó talleres y programas culturales, mientras en septiembre se estimaron previsiones de plantación para la campaña 2025-2026: 37.600 hectáreas de hortofrutícolas, con exportaciones proyectadas en 3.716 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura y nuevo líder del PP almeriense, enfatizó el apoyo de la Junta al campo.
En septiembre, críticas a la privatización de servicios en Almería capital: el concejal de Podemos, Alejandro Lorenzo, denunció el contrato de limpieza por 200 millones de euros como un "despilfarro" que traía abandono y precariedad.
El otoño fue dominado por el escándalo en la Diputación. En noviembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo al presidente Javier Aureliano García y al vicepresidente Fernando Giménez (ambos PP) por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. Esto llevó a un relevo rápido: José Antonio García Alcaina, alcalde de María, asumió la presidencia interina el 24 de noviembre, ratificado en un pleno extraordinario el 1 de diciembre. El PP defendió su "contundencia" y nombró a Francisco Bellido como secretario general provincial. Vox exigió transparencia, y el PSOE, con Noemí Cruz, denunció la "sombra de corrupción".
En diciembre, el último pleno de la Diputación aprobó 1,1 millones en Planes Provinciales (totalizando 26 millones) y completó el Plan de Cementerios (6 millones para 48 municipios). Sin embargo, el PSOE lamentó que solo se ejecutara un tercio del presupuesto, dejando "dos de cada tres euros sin invertir", acusando al PP de "patronazgo" y priorizar intervenciones no esenciales.
El PP cerró el año con una cena navideña en Roquetas de Mar, reivindicando su gestión en agua, sanidad y agricultura, y preparándose para 2026 como un "año electoral decisivo". Ramón Fernández-Pacheco destacó inversiones hidráulicas y el Polo de Innovación Agrícola.
El último cambio: en Fines, dimisión de Rodrigo Sánchez (independiente) por el caso mascarillas, sustituido por José Manuel López (PP).
2025 deja una Almería políticamente activa, con el PP fortalecido pero herido por la corrupción, el PSOE en oposición crítica y Vox como voz disidente. La agricultura, con exportaciones récord, sigue siendo clave, pero urge transparencia y ejecución presupuestaria. De cara a 2026, la provincia se prepara para elecciones que podrían redefinir su mapa político, en un contexto donde la inestabilidad local —siete cambios de alcaldes— recuerda la fragilidad de los pactos. Almería, tierra de contrastes, cierra el año con optimismo económico pero con lecciones pendientes en gobernanza.