La provincia de Almería ha registrado un total de seis prestaciones económicas destinadas a hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de violencia de género, situándose como el tercer territorio de la Comunidad Autónoma con mayor número de beneficiarios de esta medida. Esta cifra se conoce coincidiendo con la entrada en vigor, este jueves 1 de enero, de la ampliación de estas ayudas, que a partir de ahora extenderán su cobertura hasta que los beneficiarios alcancen los 26 años de edad, superando el límite de 18 años que estaba establecido hasta la fecha. Esta modificación, tramitada a través de una enmienda al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, responde al anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el pasado debate sobre el estado de la Comunidad.
Desde que este derecho se crease por primera vez en noviembre de 2023, en el conjunto del territorio andaluz se han concedido un total de 37 prestaciones a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, de las cuales 20 han correspondido a hijas y 17 a hijos. En el desglose provincial, Almería destaca con seis ayudas otorgadas, solo por detrás de Sevilla y Málaga, que presentan nueve y ocho concesiones respectivamente. El resto de las prestaciones se han distribuido con cuatro en la provincia de Cádiz, tres en Córdoba, otras tres en Granada, tres en Jaén y una en la provincia de Huelva, consolidando así un mapa de apoyo institucional ante la situación de vulnerabilidad socioeconómica y el trauma que supone para estos jóvenes el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha explicado que el Gobierno andaluz ha adoptado esta medida tras analizar la compleja y delicada situación que enfrentan estas personas, quienes sufren un cambio radical en sus vidas. Según ha subrayado la consejera, la ampliación hasta los 26 años tiene como finalidad extender la garantía de un derecho nacido en 2023 para atender la especial necesidad de apoyo de este colectivo. El importe de la ayuda, que inicialmente se fijó en 5.000 euros anuales, se ha actualizado conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), por lo que en este ejercicio de 2025 la cuantía asciende a 5.140 euros por beneficiario.
Los requisitos para acceder a esta prestación, que se hace efectiva en un único pago anual tras dictarse la resolución correspondiente, establecen que la madre debía tener su residencia en la Comunidad Autónoma en el momento del asesinato o, en su defecto, que los hijos residieran en el territorio andaluz cuando se produjo el suceso. Un aspecto relevante de la normativa es que los solicitantes deben ser menores de 26 años en el momento de pedir la ayuda, independientemente de que el fallecimiento de la madre se hubiera producido antes de la entrada en vigor de esta normativa. Además, se trata de una prestación compatible y complementaria con cualquier otro tipo de ayuda pública o privada que se pueda percibir por la misma causa, y se concede de forma independiente a la renta que posea la unidad familiar.
Este incremento de la cobertura en el Estado español, específicamente dentro del marco competencial andaluz, supone un avance en el compromiso con las víctimas y sus descendientes, garantizando un soporte económico prolongado durante la etapa de juventud. La medida, que ya es plenamente efectiva desde esta jornada inaugural de 2026, busca mitigar las consecuencias de la violencia machista en los hijos de las víctimas, ofreciendo un respaldo financiero que acompañe su desarrollo académico y personal más allá de la mayoría de edad.