La decisión judicial, plasmada en un auto con fecha del pasado 15 de enero, se fundamenta en gran medida en el último informe emitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía. Aunque las investigaciones iniciales del Grupo de Blanqueo de Capitales apuntaban a la existencia de posibles irregularidades en una sesentena de procedimientos, un análisis más profundo y detallado de la documentación administrativa, culminado en febrero de 2022, descartó los indicios criminales iniciales. Este nuevo examen técnico determinó que las deficiencias detectadas en la contratación carecen de la gravedad necesaria para ser vinculadas con una actividad delictiva y no presentan relación con los delitos que se perseguían en la instrucción.
El origen de este procedimiento se remonta al año 2014, cuando se aportaron ante la Fiscalía una serie de documentos, facturas y una libreta de anillas que supuestamente habían sido hallados en un contenedor de basura. En dichos papeles se recogían anotaciones sobre presuntos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras. Sin embargo, la magistrada incide en que, si bien la existencia de estos recibís constituía un indicio inicial de delito, los documentos no estaban firmados por ninguno de los supuestos receptores. Por tanto, tras la práctica de múltiples diligencias, no se ha podido acreditar de manera suficiente la entrega o recepción efectiva de dichas cantidades de dinero.
A lo largo de la compleja instrucción, se han analizado las cuentas y la documentación de diversas sociedades vinculadas al caso. Aunque se constató que algunos investigados percibieron importes provenientes de la mercantil Hispano Almería, la juez aclara que estas transacciones estaban justificadas, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios legítimos que los implicados estaban autorizados a realizar. Del mismo modo, las declaraciones tomadas a técnicos y funcionarios municipales del consistorio roquetero, quienes negaron categóricamente los hechos, no han permitido confirmar la existencia de un sistema de cobro de comisiones para favorecer a empresas determinadas en la adjudicación de proyectos públicos.
Con este archivo de la pieza relativa a Roquetas de Mar, la causa suma un nuevo cierre a los ya decretados anteriormente para las ramificaciones que afectaban a otros municipios de la provincia, como Níjar, La Mojonera y Carboneras. El auto judicial subraya que no se han podido determinar operativas destinadas a la ocultación de ganancias derivadas de contratos amañados ni delitos contra la Hacienda Pública dentro del Estado español. En definitiva, la justicia concluye que las posibles faltas administrativas que pudieran derivarse de los expedientes analizados no alcanzan la entidad suficiente para ser perseguidas por la vía penal, descartando así cualquier financiación irregular del Partido Popular en el marco de este caso durante la década investigada.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal de la causa conocida como Hispano Almería. Esta línea de investigación se centraba en las presuntas contrataciones irregulares de obra pública llevadas a cabo a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010. Tras años de diligencias, la magistrada Ana Belén Vico ha concluido que no concurren los requisitos necesarios para estimar acreditada, ni siquiera de forma indiciaria, la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o blanqueo de capitales por parte de los investigados.