Hay que reconocerle al sistema judicial una paciencia infinita y, sobre todo, una capacidad envidiable para el análisis de residuos inorgánicos. El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, con la magistrada Ana Belén Vico al frente, acaba de dictar el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería. Tras más de una década de instrucción, lo que nació en 2014 como una trama de dimensiones épicas que amenazaba con hacer saltar las costuras del Partido Popular, golpeando a su presidente que a la vez lo era de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar, ha terminado pareciéndose más a un episodio de "La que se avecina" que a una red de corrupción sistémica.
Todo empezó con una libreta de anillas. Ese objeto analógico, supuestamente hallado en un contenedor de basura, fue el Santo Grial del PSOE de Almería y de otras fuerzas políticas que vieron en sus páginas la hoja de ruta para descabalgar a Gabriel Amat Ayllón y a su equipo. En aquellos papeles se detallaban, presuntamente, pagos a técnicos municipales a cambio de adjudicaciones de obra pública entre los años 2000 y 2010 en ambas instituciones. El problema, que ya advertimos algunos cuando el aroma a tinta de calamar inundaba los titulares, es que la justicia penal no se alimenta de literatura de contenedor si esta no viene firmada.
Ya lo dijimos cuando publicamos los famosos "recibís" de la mercantil Hispano Almería. En unos casos no había firma de los receptores, y en otros era alguien de la mercantil quien los firmaba. También había, recuerdo, una lista de personas a las que supuestamente la empresa les había hecho regalos (botellas de vino, jamones y cosas por el estilo), muchos de ellos políticos, sí, pero ni tan siquiera relacionados con adjudicaciones y tampoco había prueba alguna de que hubiesen recibido aquellos obsequios.
Todo esto puede parecer un detalle técnico nimio, claro, si lo que se busca es el linchamiento en sede parlamentaria o en tertulias de café. Pero para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, que entregó su último informe hace apenas unos meses, la realidad es mucho más prosaica: las deficiencias administrativas detectadas no tienen la gravedad necesaria para ser consideradas delitos de prevaricación, cohecho o malversación.
Es fascinante observar cómo el PSOE estiró este chicle hasta que la goma perdió el sabor y, finalmente, se le ha pegado en la cara. La Diputación de Almería llegó a albergar comisiones de investigación donde se hablaba de una financiación irregular del Partido Popular que, según el auto del 15 de enero de 2026, no existe ni indiciariamente. Recuerdo que al pedir el PSOE la documentación de las adjudicaciones, el PP se la entregó, en concreto, presentó en el pleno un carrito cargado de papeles y les dijo que ahí lo tenía. Ahí se quedó. Nadie se lo llevó. Ni en Roquetas de Mar, ni en las piezas ya archivadas de Níjar, La Mojonera o Carboneras, se ha encontrado nada. El juzgado ha dictaminado que lo que algunos vendieron como una trama criminal era, en el peor de los casos, una gestión administrativa con tachaduras.
La pregunta que flota ahora es inevitable: ¿Terminará igual el caso Mascarillas de la Diputación? Ese otro suflé que la oposición bate con energía cada mañana podría seguir la misma trayectoria parabólica. La política, no solo en Almería, en toda España, ha tomado la preocupante costumbre de judicializar la gestión por defecto, confiando en que el ruido de la instrucción oculte la falta de proyecto alternativo. Luego vienen los archivos y las sentencias, pero mientras, nos hemos entrentenido un buen rato.
Los políticos deberían empezar a practicar una sobriedad que hoy parece exótica. Cuando se lanza una acusación de corrupción basándose en una libreta anónima encontrada entre cáscaras de naranja, se corre el riesgo de que, diez años después, la justicia te devuelva el espejo de tu propia insolvencia. Al final, después de tanto jaleo, de tantas portadas y de tantas horas de comisión, todo ha quedado en nada. Bueno, en nada no: ha quedado en un recordatorio de que en Almería, a veces, se confunde el derecho penal con el deseo político.