La asociación de madres y padres del alumnado (ampa) Viva Mi Escuela, perteneciente al ceip Ferrer Guardia de La Cañada, en Almería, ha realizado un llamamiento para reclamar soluciones inmediatas ante las deficiencias que presentan tanto el comedor escolar como las infraestructuras del centro educativo. Según ha trasladado el colectivo, la situación actual compromete la seguridad, el bienestar y la atención diaria de los estudiantes, lo que ha generado un profundo malestar entre las familias. La asociación ha recordado que la Junta de Andalucía anunció en el año 2022 una inversión de 1,8 millones de euros para el colegio, aunque aseguran carecer de información clara sobre si este proyecto se va a ejecutar finalmente o cuál será su destino concreto.
En lo que respecta al servicio de comedor, el ampa advierte que desde el inicio del presente curso y durante periodos anteriores, las instalaciones funcionan con un número de niños superior a la ratio permitida. Esta circunstancia se ve agravada por la falta de un monitor adicional de forma estable, una carencia que se arrastra desde septiembre y que provoca una sobrecarga de trabajo para el personal, además de derivar en una falta de atención adecuada para el alumnado, especialmente para los niños de menor edad. Para intentar paliar la falta de espacio, el centro se ha visto obligado a organizar un segundo turno de comedor que no cuenta con una aprobación oficial. Las familias señalan que esta medida sitúa al colegio en una posición de inseguridad administrativa y no ofrece garantías claras sobre la continuidad del servicio.
A los problemas del comedor se añade el deterioro progresivo de las instalaciones generales del ceip Ferrer Guardia. A pesar de que en los últimos meses se han llevado a cabo algunas reparaciones puntuales en materia de iluminación, fontanería, baños y cubiertas, los padres consideran que el estado general del edificio sigue siendo preocupante y requiere una intervención integral. Entre las principales deficiencias detectadas, el ampa señala el mal estado de las pistas deportivas, la ausencia de barandillas de seguridad en las zonas de escaleras, la presencia de humedades en las aulas y el deterioro de la pintura. Asimismo, denuncian el mal estado de las ventanas, lo que repercute negativamente tanto en la seguridad como en el confort térmico y acústico de las aulas.
Ante esta situación, las familias del centro han expresado su sentimiento de abandono y han exigido a la Comunidad Autónoma transparencia y garantías reales de que los 1,8 millones de euros comprometidos se emplearán efectivamente en la mejora del colegio. Desde la asociación insisten en que su intención no es buscar el enfrentamiento, sino encontrar soluciones coordinadas que garanticen un entorno digno y seguro, así como un servicio de comedor correctamente atendido y una planificación clara sobre las inversiones que se debe destinar a este centro de la provincia.
Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Alonso Martínez, ha respondido a estas reclamaciones indicando que, a petición de la dirección del centro, ya se ha gestionado la incorporación de un nuevo monitor para el comedor. Según el delegado, este refuerzo llegará en un breve espacio de tiempo para atender el incremento de alumnos registrado. Además, ha puesto en valor actuaciones previas como la ampliación de dos aulas de infantil finalizada en 2021, con un coste de 350.000 euros, y ha detallado que este curso el centro recibe unos 80.000 euros a través de programas específicos destinados al confort térmico, aulas digitales y mejora de centros.
Respecto a la partida de 1,8 millones de euros programada en el curso 2022-2023, el responsable provincial ha explicado que actualmente se está trabajando en la elaboración del programa de necesidades previo a la obra. El delegado ha encuadrado estas demandas en un contexto de déficit de infraestructuras educativas en la provincia de Almería, asegurando que entre 2019 y 2025 se han invertido más de 87 millones de euros en la zona, a los que se suman otros 38 millones de euros en obras que se encuentran actualmente en fase de ejecución.