La justicia ha dictado sentencia sobre la gestión irregular que rodeó a la Federación Andaluza de Colombicultura durante la etapa presidencial iniciada en 2012. La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a D.F.L. a una pena de dos años de prisión y multa tras quedar acreditado que utilizó de manera ilícita el patrimonio de la institución para sufragar intereses personales y familiares, desviando una suma que supera los 94.000 euros.
El grueso del dinero defraudado se destinó a una operación inmobiliaria en la provincia. El ahora condenado, aprovechando sus facultades de gestión, empleó 80.000 euros de las cuentas federativas para que un club deportivo de Almería del que formaba parte adquiriera una nave industrial en el municipio de Viator. Según recoge el fallo, esta adquisición se realizó sin el preceptivo control ni autorización de la asamblea de la Federación, e incluyó tanto el pago de cuotas hipotecarias como la transferencia de más de 35.000 euros para la cancelación definitiva del préstamo en marzo de 2016.
La resolución judicial también pone el foco en el uso de fondos públicos para fines de ocio. Se considera probado que el expresidente retiró 14.351,16 euros de la caja federativa para costear un viaje de placer a Miami y el Caribe en mayo de 2015, una travesía de la que disfrutó junto a su esposa y otros parientes. Por ello, la sentencia obliga al acusado a devolver la totalidad de las cantidades apropiadas a la Federación, estableciendo además responsabilidades civiles para el club deportivo beneficiado por la nave y para la cónyuge del condenado como partícipe a título lucrativo.
No obstante, el tribunal ha decidido absolver a los otros cinco investigados que formaban parte del procedimiento, al no hallar evidencias de que participaran en la administración desleal o en la supuesta falsificación de actas para dar apariencia de legalidad a las compras. Del mismo modo, la Audiencia ha desestimado otras acusaciones relativas a la existencia de una presunta contabilidad paralela o a la compra de una vivienda en la calle Pato de la capital almeriense, al considerar que no se ha podido demostrar el origen ilícito de los fondos en tales casos.