Almería

El PP denuncia la pérdida de fondos europeos para la ampliación de la desaladora del campo de Dalías

La parlamentaria andaluza Julia Ibáñez acusa al Gobierno de España de engañar al poniente almeriense y confirma que el parque fotovoltaico proyectado para abaratar el agua ha sido descartado

Rafael M. Martos | Lunes 26 de enero de 2026

La situación hídrica de la provincia de Almería ha vuelto al centro del debate político tras la comparecencia de la parlamentaria del Partido Popular por Almería, Julia Ibáñez, quien ha denunciado un escenario de "incumplimientos y mentiras" por parte del Ejecutivo central en relación con las infraestructuras hidráulicas del poniente. Ibáñez ha sido tajante al afirmar que el Gobierno de España ha "engañado, una vez más, al poniente almeriense con el agua", subrayando que no se trata de una valoración subjetiva de su formación, sino de una realidad constatada tras ocho años de gestión socialista. Para la parlamentaria, la importancia del agua en la provincia es vital, ya que representa "oportunidades, empleo, futuro, progreso e igualdad", elementos que considera en riesgo ante la falta de ejecución de los proyectos previstos para la desaladora del campo de Dalías.

Esta infraestructura, definida por Ibáñez como una de las desaladoras más grandes de Europa, resulta fundamental para el abastecimiento diario de más de trescientas mil personas en los municipios de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar, produciendo actualmente 30 kilómetros cúbicos anuales. Su función no es solo el suministro humano, sino que permite la "sustitución de recursos procedentes de aguas subterráneas en acuíferos ya sobreexplotados", una pieza clave para el sostenimiento de la actividad agrícola de la comarca. A pesar de su magnitud, la parlamentaria ha recordado que la planta se ha quedado pequeña ante la demanda actual, pese a que su diseño original contemplaba una ampliación para alcanzar los 40 hectómetros cúbicos e incorporar a las redes de Adra, La Mojonera y Balanegra.

La representante popular ha hecho un recorrido histórico para situar la responsabilidad de la obra, señalando que la infraestructura fue "planificada en su momento por un Gobierno del Partido Popular, por el señor Aznar, y fue ejecutada y finalizada también por otro Gobierno del Partido Popular, por el señor Mariano Rajoy, en el año 2015". Según Ibáñez, todo el plan de crecimiento estaba trazado hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España en 2018, momento en el que, a su juicio, comenzaron "ocho años de mentiras, ocho años de anuncios de licitaciones que nunca llegan y ocho años prometiendo una ampliación que no existe". En este sentido, ha criticado duramente las declaraciones del subdelegado José María Martín, quien en febrero de 2024 afirmaba que la licitación estaba en marcha, para luego calificarla de inminente en septiembre de 2025 y sugerir su adjudicación en diciembre del mismo año.

NEXT GENERATION

La preocupación principal radica en la pérdida de los fondos Next Generation, cuya ejecución debe estar finalizada obligatoriamente en junio de 2026. Ibáñez ha detallado que el paquete de inversiones bloqueado asciende a más de 90 millones de euros en total, desglosados en proyectos estratégicos para Almería. Entre ellos se encuentran la red secundaria de distribución para abastecimiento, con más de 15 millones de euros asegurados al 66% por Europa; la conducción de abastecimiento a Adra, con un presupuesto de 10 millones de euros y una financiación europea del 66,67%; y la propia ampliación de la planta, valorada en 35 millones de euros con un 61,5% de fondos comunitarios. Especialmente crítica ha sido con la cancelación del parque fotovoltaico de 30 millones de euros, destinado a generar 26 megavatios para el autoconsumo de la planta. "El parque fotovoltaico para la desaladora, cuyo objetivo era mejorar la eficiencia energética, abaratar el coste del agua desalada, se ha caído. Ya no hay planta fotovoltaica", ha lamentado, señalando que el proyecto incluso ha sido pagado ya a una consultora.

Ante la falta de Presupuestos Generales del Estado durante más de tres años, situación que Ibáñez califica de "absolutamente inadmisible" y generadora de una "falta de transparencia y certidumbre económica", la parlamentaria ha cuestionado el destino de la recaudación récord del Estado español. Ha recordado que el Gobierno ha recibido 163.000 millones de euros asignados en fondos europeos, además de los ingresos derivados de la inflación. Por ello, considera que el "escándalo de la financiación y de la responsabilidad política es mayúscula", puesto que ahora se les traslada que, de hacerse las obras, será sin financiación externa. Ibáñez ha finalizado con un llamamiento a la claridad, exigiendo saber "¿dónde está el dinero europeo?" y por qué se ha abandonado a una de las zonas con mayor estrés hídrico de todo el continente.

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