No sorprende observar cómo el Gobierno del Estado se ha erigido en el último guardián de la pureza informativa. En esta cruzada contra la "máquina del fango", donde se nos advierte de que la derecha y la extrema derecha desayunan desinformación para merendar democracia, se ha diseñado una suerte de Ley contra los Bulos. El objetivo, nos dicen, es protegernos; la realidad, intuimos, es establecer un cordón sanitario alrededor de aquello que ose contradecir el relato oficial. Porque, en este tablero, el Gobierno no solo pone las reglas, sino que también quiere ser el árbitro que decide qué es un dato y qué es una invención.
La gran incógnita que nos queda a los ciudadanos —esos que en esta provincia sabemos bien lo que es esperar infraestructuras que nunca llegan— es: ¿quién vigila al vigilante? ¿Qué ocurre cuando el bulo no nace en un sótano oscuro, sino en un despacho ministerial o en una cuenta de X con verificado azul?
Tenemos el ejemplo paradigmático en el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El ministro de los dedos rápidos, siempre presto al cuerpo a cuerpo digital, se encuentra ahora bajo el foco tras el gravísimo accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas en enero. Ante la tragedia, la estrategia ha sido el ataque: tildar de bulo cualquier información que cuestione la gestión de su departamento.
El problema es que la hemeroteca es testaruda. El propio Óscar Puente sostuvo reiteradamente ante los medios que la vía donde se produjo el siniestro había sido "renovada íntegramente", lo que sostuvo en rueda de prensa y en entrevistas varias. Sin embargo, cuando la realidad de los informes técnicos empezó a supurar en las portadas de los medios de comunicación, el discurso mutó de forma prodigiosa. Resulta que "renovación íntegra" era, en el diccionario del Ministerio, una "revisión integral" donde solo se cambiaron las piezas deterioradas, pero ojo, el ministro sostiene impasible que era un bulo lo publicado, no lo que él afirmaba. Para el ciudadano que paga su billete, hay una diferencia abismal entre un coche nuevo y uno al que solo le han cambiado las pastillas de freno porque chillaban. Si un periodista señala esa diferencia, el ministro lo llama bulo; si lo hace el ministro, suponemos que es "flexibilidad terminológica".
Pero el virtuosismo de la confusión no acaba ahí. Se ha cuestionado la eliminación de la Unidad de Emergencias de Adif, una estructura clave para la gestión de crisis en la red ferroviaria. La respuesta oficial, con el tono airado que caracteriza al titular de Transportes, fue negar la mayor: la unidad no ha desaparecido, se ha "integrado".
El matiz es fascinante, sobre todo cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) —ese documento que el Gobierno suele usar para imponer leyes a los demás— recogía explícitamente la supresión de dicho departamento. Si el BOE publica que algo se elimina, el periodista cumple con su deber al informar de que ha sido eliminado. Si el Gobierno pretendía una integración, haberlo redactado correctamente habría sido un buen comienzo. Llamar bulo a la lectura literal de un boletín oficial es, sencillamente, el colmo del cinismo administrativo.
Y bueno, tal vez podría considerarse un bulo que sostenga que se creó un Observatorio del Transporte, del que no ha constancia en ningún documento.
Ante este panorama, el lector de la provincia de Almería, acostumbrado históricamente a que las promesas estatales sobre el soterramiento o la Alta Velocidad se muevan en esa frontera difusa entre la esperanza y la milonga, no puede sino arquear una ceja.
¿Cómo debemos actuar los ciudadanos y los profesionales de la información ante un Ejecutivo que utiliza la lucha contra la desinformación como escudo para sus propias contradicciones? Si la nueva ley busca castigar la mentira, ¿se aplicará el mismo rasero al ministro que falta a la verdad desde el atril? ¿Habrá multas para el dato oficial que se desmorona a las 24 horas?
Parece que, en esta España donde Andalucía pone los muertos y el Estado pone las excusas, el Gobierno se ha concedido a sí mismo una bula para los bulos. Mientras tanto, al resto nos queda el derecho al pataleo y la obligación de seguir contrastando, aunque al ministro le moleste el teclado.