La falta de convalidación del Real Decreto ley Ómnibus colapsará el trabajo de los Graduados Sociales. Este hecho vuelve a generar inseguridad jurídica entre los graduados sociales
La no convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, conocido como Decreto Ómnibus, supone un nuevo golpe a la seguridad jurídica en el ámbito laboral, de Seguridad Social y de gestión de nóminas, afectando de manera directa y muy negativa al trabajo diario de los graduados sociales.
La caída de esta norma, que incluía medidas esenciales en materia de pensiones, cotización a la Seguridad Social y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 a 2026, vuelve a situar a los profesionales en un escenario de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación. Una situación que repercute directamente tanto en los despachos profesionales como en empresas y personas trabajadoras.
Desde el colectivo de graduados sociales queremos recordar que esta situación ya fue advertida con antelación. En el año 2024 se remitió un primer escrito a la Ministra de Trabajo y Economía Social, así como al Presidente de la CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo, solicitando que la actualización del SMI y otras medidas laborales esenciales se aprobaran en tiempo y forma, evitando así los graves problemas organizativos y técnicos que provoca su aprobación tardía.
Ante la reiteración de este escenario, a comienzos de 2025 se volvió a trasladar formalmente esta misma petición al Ministerio, insistiendo en la necesidad de dotar de estabilidad y previsión al marco normativo laboral. Pese a ello, la falta de convalidación del Real Decreto-ley vuelve a reproducir los mismos efectos negativos ya sufridos en ejercicios anteriores.
La no aprobación de esta norma está generando importantes perjuicios profesionales, entre los que destacan:
No se trata de un hecho aislado. En diciembre del pasado año ya se produjo una situación similar con el Real Decreto-ley 9/2024, también un decreto Ómnibus que no logró los apoyos necesarios.
La repetición de este escenario evidencia una preocupante falta de previsión y de consideración hacia los operadores jurídicos y profesionales que hacen posible la aplicación efectiva de las normas.
Los graduados sociales no solo aplicamos la ley, sino que garantizamos su correcta ejecución en miles de empresas y relaciones laborales en todo el país. No se puede seguir legislando de espaldas a la realidad profesional ni trasladando de forma sistemática el coste de la inacción política a los despachos.
Por todo ello, reclamamos que las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con urgencia, claridad y estabilidad normativa, evitando nuevas situaciones de caos normativo que perjudican gravemente al sistema y a quienes lo sostienen en el día a día.