El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado en el Pleno del Parlamento que el nuevo proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, conocido como Activa, tiene como objetivo convertir la ciencia en un motor estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de la comunidad. Durante su intervención en el debate a la totalidad del texto legislativo, que podría ser aprobado por la Cámara andaluza en primavera, subrayó su importancia.
Gómez Villamandos explicó que esta ley surge del diálogo y busca actualizar la normativa anterior de 2007, dotando a Andalucía de una legislación ambiciosa que responda a los desafíos actuales. Este marco normativo es fruto de una política pública diseñada para “transformar Andalucía desde el conocimiento, la innovación y el talento”. En este sentido, destacó que se han movilizado más de 370 millones de euros en investigación e innovación durante esta legislatura, lo que contribuye a construir un futuro más competitivo.
El consejero enfatizó la necesidad de que Andalucía compita por atraer el mejor talento científico. La nueva norma establece el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (SAIEX), que se estructura sobre dos pilares: por un lado, el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), destinado a reconocer y atraer investigadores destacados; y por otro, las Unidades de Excelencia de Andalucía, que distinguirán a los grupos y centros con mayor impacto en investigación.
La Ley ACTIVA también introduce la figura del personal tecnólogo, fundamental para trasladar los resultados científicos al sector productivo. Gómez Villamandos afirmó que se está pasando a un sistema que no solo retiene talento, sino que también lo reconoce y cuida, garantizando igualdad de oportunidades.
En cuanto a gobernanza, el consejero mencionó que la ley representa un salto cualitativo hacia una gestión clara y compartida en ciencia y tecnología. Se creará una Comisión Interdepartamental presidida por el presidente de la Junta para coordinar todas las políticas relacionadas con estas áreas. Además, se establecerá un Consejo Asesor para reflexionar sobre las principales cuestiones del sistema científico andaluz.
Por primera vez, esta ley incorpora expresamente el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del sistema sanitario público andaluz. Esto reconoce el trabajo realizado por fundaciones e institutos dedicados a la investigación biomédica y permitirá seguir impulsando avances en biomedicina y salud pública. Gómez Villamandos destacó cómo este sistema es vital no solo para investigar sino también para innovar en tecnologías sanitarias.
La normativa busca alcanzar niveles europeos en inversión en I+D+I e introduce mecanismos para atraer inversión privada mediante el patrocinio científico. Se creará un Consejo del Mecenazgo en I+D+I para fomentar colaboraciones entre el sector público y empresas privadas.
Asimismo, se dedica un capítulo completo a la transferencia del conocimiento generado en universidades hacia aplicaciones prácticas en empresas. La ley promueve iniciativas como la Compra Pública de Innovación (CPI) y fortalece las conexiones entre ciencia y empresa mediante clústeres tecnológicos y alianzas público-privadas.
Finalmente, Gómez Villamandos subrayó que uno de los objetivos clave es promover la internacionalización de la ciencia andaluza. Esto incluye fomentar participación en proyectos europeos y facilitar el retorno del talento andaluz desde el exterior. Para ello, se establecerá una estructura en Bruselas destinada a ayudar a universidades y centros andaluces a acceder a fondos europeos.