En Almería, donde el paisaje urbano se expande entre invernaderos, playas y urbanizaciones que crecieron al calor del boom inmobiliario, hay un dato que descoloca incluso a quienes conocen bien la provincia: más de 73.000 viviendas permanecen vacías, según el Censo de Población y Viviendas 2021 del INE, cuyos resultados se publicaron en 2023. Es una cifra que sitúa al territorio almeriense entre los que más vivienda desocupada acumulan en España, tanto por volumen como por peso dentro del parque residencial. Y, sin embargo, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de la provincia.
La paradoja se hace aún más evidente en la capital. Almería ciudad registra 14.826 viviendas vacías, según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que utiliza un criterio objetivo y difícil de discutir: consumos de agua inferiores a 5 m³ al año. De todas ellas, apenas unas 3.000 están disponibles en el mercado. El resto permanece cerrada, en desuso o en condiciones que impiden su salida al alquiler o la venta. Es un contraste que se percibe en la calle: barrios donde proliferan los carteles de “Se vende” conviven con jóvenes que no encuentran alquileres por debajo de los 700 euros y familias que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar una vivienda.
En el conjunto de la provincia, el fenómeno adopta formas distintas según la zona. En el litoral, especialmente en municipios como Vera, Mojácar, Roquetas de Mar o Níjar, la vivienda vacía está estrechamente ligada al turismo residencial y a las promociones levantadas durante los años de expansión urbanística. En Vera, por ejemplo, alrededor de un tercio de las viviendas están desocupadas, una proporción que refleja el peso de las segundas residencias y de un stock que nunca llegó a absorberse por completo. En el interior, la realidad es otra: pueblos del Almanzora o Los Vélez acumulan viviendas heredadas, cerradas o deterioradas, víctimas de la despoblación y del envejecimiento demográfico.
El contexto andaluz ayuda a dimensionar el problema. Almería es, según los datos del INE, la tercera provincia de Andalucía con más vivienda vacía, solo por detrás de Málaga y Cádiz. Y en el panorama nacional forma parte del grupo de 14 provincias con mayor volumen de viviendas desocupadas, un club heterogéneo donde conviven territorios turísticos del Mediterráneo con provincias del norte afectadas por la pérdida de población. España suma en total 3,8 millones de viviendas vacías, un 14,4% del parque residencial, y Almería aporta una parte significativa a ese total.
La capital, por su parte, vive una situación especialmente contradictoria. Mientras los precios del alquiler se han disparado y la oferta es cada vez más escasa, casi 15.000 viviendas permanecen cerradas. Muchas de ellas están en manos de propietarios que no se atreven a alquilar por miedo a impagos o por falta de garantías; otras requieren reformas que no todos pueden asumir; y un porcentaje nada desdeñable pertenece a promociones antiguas o a edificios que necesitan una rehabilitación profunda. En barrios como Pescadería, La Chanca o el Casco Histórico, la vivienda vacía convive con la degradación urbana y con la falta de alternativas habitacionales para quienes buscan quedarse en la ciudad.
Las causas del fenómeno son múltiples y, en muchos casos, estructurales. El litoral arrastra el peso de un modelo urbanístico basado en la segunda residencia; el interior sufre las consecuencias de la despoblación; y la capital se enfrenta a un mercado tensionado donde la vivienda disponible no se corresponde con la vivienda existente. A ello se suma un elemento clave que condiciona cualquier análisis: no volveremos a saber cuántas viviendas vacías hay realmente en Almería hasta dentro de casi una década, porque el INE solo realiza un censo completo de viviendas cada diez años. El dato más reciente es de 2021, y el próximo no llegará hasta 2031, lo que significa que la fotografía actual —ya de por sí preocupante— podría estar desactualizada mucho antes de que se publique la siguiente.
Este desfase estadístico complica la planificación pública. Los ayuntamientos y la Junta de Andalucía trabajan con cifras que, aunque oficiales, no reflejan los cambios acelerados del mercado inmobiliario, especialmente en zonas donde el turismo, la migración o la presión del alquiler vacacional están transformando el uso de la vivienda. En Almería capital, por ejemplo, el auge del alquiler turístico ha modificado la disponibilidad real de vivienda en determinados barrios, pero ese impacto no aparece en ninguna estadística estatal reciente.
El debate sobre qué hacer con la vivienda vacía está más vivo que nunca. Algunas ciudades españolas han empezado a aplicar incentivos fiscales para movilizar viviendas hacia el alquiler, mientras que otras estudian penalizaciones para los inmuebles desocupados de larga duración. En Almería, las soluciones pasan también por la rehabilitación de barrios históricos, la intermediación municipal para garantizar el cobro a los propietarios y la creación de programas que faciliten la puesta en uso de viviendas que hoy permanecen cerradas.
La provincia, en definitiva, se encuentra ante un reto que combina urbanismo, economía, demografía y política social. Almería tiene miles de viviendas, pero demasiadas puertas cerradas, y cada una de ellas representa una oportunidad perdida para quienes buscan un hogar. El próximo censo del INE, dentro de varios años, ofrecerá una nueva fotografía del problema. Hasta entonces, la provincia deberá enfrentarse a una realidad que ya no puede ignorar: el ladrillo sobra, pero el acceso a la vivienda sigue siendo un lujo para demasiadas personas.