El Partido Popular ha alzado la voz contra lo que consideran una ofensiva sistemática del Ejecutivo central hacia los intereses de Almería, tras confirmarse una nueva disminución de caudales procedentes del Tajo-Segura. Esta medida, que restará otros 2 hectómetros cúbicos a la planificación de 2026, golpeará con especial dureza la estabilidad económica de las comarcas de Levante y el Almanzora, territorios donde la actividad agraria constituye el motor principal de empleo.
La diputada nacional Maribel S. Torregrosa ha calificado de incomprensible que se sigan aplicando restricciones en la zona más árida de todo el continente europeo. Según ha manifestado la representante popular, la implantación de nuevos caudales ecológicos supone un castigo directo a los productores locales, insistiendo en que se trata de una determinación arbitraria que pone en jaque la capacidad productiva de una provincia que tiene en el agua su recurso más vital. Torregrosa ha contrapuesto esta gestión con las políticas de inversión que se impulsan desde la Junta de Andalucía, reclamando la puesta en marcha de un proyecto de ámbito nacional que garantice la seguridad jurídica y técnica de los regantes.
En la misma línea, la parlamentaria autonómica Ángeles Martínez ha cuestionado la coherencia de las decisiones tomadas en Madrid, señalando una evidente contradicción en la política exterior e interior del Ministerio. Martínez ha criticado que, mientras se recortan los recursos hídricos esenciales para el sureste español, se faciliten acuerdos y financiación para infraestructuras similares en terceros países como Marruecos, una acción que, a su juicio, deja en una posición de vulnerabilidad y desventaja competitiva a los agricultores almerienses.
Por su parte, Antonio Mena, responsable de Industria Agroalimentaria del PP andaluz, ha puesto el foco en la reciente negativa del Ministerio a autorizar las cesiones de derechos de agua. Mena ha recordado que existía un pacto previo y legal entre los usuarios del Tajo y de la provincia de Almería que incluía compensaciones económicas, pero que fue tumbado por la administración central. Para el coordinador, este bloqueo carece de sustento técnico y responde únicamente a una voluntad política de obstaculizar el desarrollo hídrico de la región.
Finalmente, desde las filas populares han insistido en que la provincia no puede seguir relegada a un segundo plano en la agenda del Gobierno. Los representantes políticos han concluido que la solución definitiva pasa por el abandono de la improvisación actual para dar paso a un plan estatal sólido que asegure las inversiones necesarias, protegiendo así el sustento de miles de familias que dependen directamente del sector primario en todo el territorio almeriense.