El portavoz de la formación Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos, realizó ayer domingo, 1 de febrero de 2026, una comparecencia pública a través de sus redes sociales en la que expuso una batería de informes oficiales que, según su análisis, certifican una presunta corrupción sistemática durante los ocho años de gobierno del PSOE en el municipio. Ante la gravedad de la documentación presentada, que emana de funcionarios y órganos de control financiero del propio Ayuntamiento, Ramos ha realizado un llamamiento formal a los grupos municipales de VOX, Partido Popular y UCIN para establecer un cordón sanitario en torno al grupo socialista, liderado por la exalcaldesa María López, a quien señaló como la política con mayor número de imputaciones penales en la historia de la provincia de Almería.
Durante la intervención, que se extendió por cuarenta minutos, el portavoz detalló que el conjunto de las presuntas irregularidades detectadas habría generado un menoscabo en las arcas municipales estimado en 14 millones de euros.
El objetivo de la unión solicitada al resto de fuerzas políticas es la defensa de la legalidad y la exigencia del reintegro de las cantidades que presuntamente han desaparecido de forma fraudulenta. Entre las cifras más abultadas desglosadas por Ramos, destacan los 8 millones de euros que se habrían gastado en servicios sin el preceptivo contrato público durante las legislaturas socialistas, así como modificaciones presupuestarias por valor de 4 millones de euros ejecutadas sin procedimiento administrativo y a espaldas del Pleno municipal.
La documentación exhibida también pone el foco en la gestión de los recursos humanos y las retribuciones de los cargos electos. Según lo expuesto, concejales del anterior equipo de gobierno habrían percibido sueldos superiores a los aprobados por el Pleno, con cobros irregulares que alcanzarían los 30.000 euros anuales. A esto se suman informes que advierten sobre subidas salariales a trabajadores públicos sin respaldo administrativo, la confirmación de aumentos heredados mediante decreto de alcaldía y supuestos descuadres entre las nóminas y las transferencias bancarias reales. Asimismo, se denunció la existencia de contrataciones en fraude de ley que no habrían respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, junto a procesos de estabilización de empleo presuntamente ilegales que estarían costando un millón de euros al año al consistorio.
En el ámbito de las responsabilidades penales, Ramos hizo hincapié en la supuesta obstrucción a la Policía Judicial, a la que se habría negado información para investigar el destino de 4 millones de euros relacionados con la concesión del agua, hechos que, junto a las subidas salariales irregulares, ya han conllevado la apertura de juicio penal. Además, alertó sobre la existencia de movimientos de dinero en efectivo sin justificar por parte de la regidora y antiguos ediles, cuyo destino final no consta en los registros. Ante este escenario, en el que incluso funcionarios han solicitado elevar las actuaciones al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, Garrucha con la Gente insta a aislar políticamente al PSOE para trabajar en la devolución del dinero a la ciudadanía garruchera.