La anunciada regularización extraordinaria de personas migrantes ha sido recibida en Almería con una mezcla de alivio, esperanza y cierta cautela. La provincia, una de las que acumula mayor número de personas en situación administrativa irregular, podría ver cómo más de 20.000 vecinos y vecinas acceden por fin a derechos básicos y a un permiso de trabajo que ordene una realidad que ya existe desde hace años.
Desde IU Almería Provincia, su coordinadora, María Jesús Amate, ha valorado la medida como “un paso histórico que reconoce la dignidad de miles de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, aunque ha subrayado que “el reto ahora es organizativo: garantizar que las oficinas públicas tengan capacidad para asumir un proceso que será intenso, pero acotado en el tiempo”.
La regularización, impulsada por el Gobierno a través de un Real Decreto, sigue el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por una amplísima mayoría del Congreso. “Es una respuesta a una realidad evidente”, explica Amate. “Estas personas ya viven aquí, ya trabajan aquí, ya sostienen sectores esenciales como el campo, los cuidados o la hostelería. Lo único que cambia es que ahora podrán hacerlo con derechos, cotizando y con seguridad jurídica”.
La medida llega en un momento especialmente sensible para la provincia. En 2024, la Inspección de Trabajo detectó 1.300 empleos no declarados, lo que supuso más de 20 millones de euros en economía sumergida. Las ONG que trabajan con población migrante aseguran que la cifra real es mucho mayor. “Regularizar no es abrir puertas nuevas, es poner orden en lo que ya existe”, apunta Amate. “Y además corta el negocio de quienes se aprovechan de la irregularidad”.
El sector agrario, clave en la economía almeriense, también ha mostrado su apoyo. COAG ha valorado positivamente la regularización, aunque reclama claridad técnica para aplicarla en campañas agrícolas, donde los contratos largos son inviables. Para IU, esta posición “demuestra que la medida no solo es justa, sino necesaria para el propio funcionamiento del campo”. Amate recuerda que “cada campaña, cientos de agricultores se encuentran con el mismo problema: no hay suficientes personas con papeles para trabajar. Esta regularización es sentido común”.
Aun así, la organización advierte de que el éxito del proceso dependerá del refuerzo administrativo. “Extranjería arrastraba retrasos importantes incluso antes de este anuncio”, señala Amate. “En los últimos meses se incorporaron nuevos funcionarios de carrera y se movilizaron entre diez y doce interinos por acumulación de tareas, casi todos destinados a Extranjería, pero ese refuerzo ya entonces se quedó corto para la carga de trabajo que tenía la provincia”. No podemos anunciar una regularización histórica y dejar a los funcionarios solos ante un volumen de trabajo imposible”. IU reclama recursos para Extranjería, Seguridad Social y también para los ayuntamientos, que serán la primera ventanilla para miles de trámites. “Los consistorios necesitan apoyo real y un canal de información rápido y seguro. Si no, el proceso se atascará desde el primer día”.
La coordinadora provincial ha querido subrayar que la enhorabuena “no es para los partidos, sino para las personas migrantes y las asociaciones que han empujado esta ILP durante años”. Y ha recordado que Izquierda Unida, como parte del Gobierno, “ha peleado para que esta regularización saliera adelante, pero el mérito es colectivo”.
Amate ha pedido “serenidad y rigor” ante los discursos alarmistas. “España ha hecho regularizaciones antes, algunas impulsadas por gobiernos del PP, y nunca pasó nada grave. Lo único que pasó es que miles de personas que ya vivían aquí pudieron trabajar legalmente, pagar impuestos y acceder a derechos básicos. No hay efecto llamada cuando hay una fecha de corte clara y un plazo cerrado. Lo que sí hay es una oportunidad para ordenar una situación enquistada durante más de una década”.
La regularización podrá solicitarse entre abril y el 30 de junio de 2026. Bastará con acreditar cinco meses de permanencia continuada en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. La autorización inicial tendrá un año de vigencia y permitirá trabajar en cualquier sector.
“Es una medida valiente, necesaria y profundamente humana”, concluye Amate. “Ahora toca hacerla posible”.