El estado actual del centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, ha desatado un intenso cruce de reproches en la Cámara Alta. Mientras el Gobierno defiende la estabilidad y seguridad de la instalación, las voces críticas denuncian una situación de vulnerabilidad extrema marcada por el envejecimiento de la plantilla y el exceso de internos. Durante su comparecencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido tajante al asegurar que "no ha habido una agresión grave" contra los trabajadores del centro almeriense en la última década y media, rebajando la tensión sobre la peligrosidad en sus módulos.
Las cifras ofrecidas por el Ejecutivo sitúan la ocupación de la cárcel de Almería en un 86,19 por ciento, con un censo actual de 1.017 reclusos. Según el ministro, esta población penal es atendida por un equipo de 388 empleados, de los cuales 361 ostentan la condición de funcionarios, lo que a su juicio supone cubrir prácticamente "el 98 por ciento de la RPT".
Marlaska ha insistido en que estos datos sitúan al centro por debajo de la media de ocupación nacional y arrojan un promedio de "2,6 internos por cada trabajador", rechazando de plano lo que considera "manipulaciones" y datos "sacados de contexto" por parte del Partido Popular.
En la bancada opuesta, el senador Jesús Caicedo ha dibujado un escenario mucho más sombrío, calificando la gestión del ministerio de "manifiesta incompetencia". Para el senador, El Acebuche sufre un "fragante abandono institucional" y se encuentra "al límite" de sus capacidades.
Caicedo sostiene que la prisión soporta una "superpoblación" que excede en "más de un 33 por ciento" su "capacidad óptima", agravada por una plantilla que considera insuficiente y envejecida que, según sus cálculos, "apenas cubre el 80 por ciento de las necesidades" reales de la infraestructura.
La falta de efectivos médicos y la ausencia de una unidad canina han sido otros de los puntos de fricción. Desde la oposición se ha alertado sobre un aumento de la violencia interna y la presencia de sustancias estupefacientes y teléfonos móviles en las celdas, factores que convertirían a la cárcel de Almería en uno de los puntos "más insostenibles" de la red penitenciaria estatal. Caicedo ha recriminado al Gobierno que opte por "mirar hacia otro lado" mientras la falta de voluntad política debilita la institución.
Por su parte, el responsable de Interior ha aprovechado la sesión para anunciar una cifra "récord" de efectivos a nivel nacional, con la previsión de alcanzar los 25.300 funcionarios tras la incorporación de nuevas promociones. Marlaska, que ha tenido palabras de recuerdo para los trabajadores afectados por el reciente accidente ferroviario en Córdoba, ha instado a la oposición a desbloquear la normativa que otorgará el reconocimiento de "autoridad" a los trabajadores de prisiones, un paso que considera fundamental para garantizar su protección jurídica en el ejercicio de sus funciones.